Por Alí Ramón Rojas Olaya
Antes de abril de 2002
A mediados del año 2001, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobó 49 decretos que no fueron del agrado de Washington, entre éstos la Ley Orgánica de Hidrocarburos con la que se incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas; la Ley de Pesca que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre comercial y antiambientalista en beneficio de los pescadores artesanales; y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.
En Estados Unidos no entendían cómo pudo haber llegado Chávez al poder y lo que menos entendían es que, estando en el poder, no sucumbiera a todas las prebendas y canonjías que el imperio suele hacer cuando algún progresista llega al más alto cargo de Estado de sus países históricamente gobernados por lidercillos genuflexos. Cuando el 2 de febrero de 1999, Chávez tomó posesión y dijo: “Juro delante de Dios, de la Patria y de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”, el Departamento de Estado de Estados Unidos prendió las alarmas. No había sido suficiente toda la guerra mediática desatada durante la campaña electoral.
Para colmo, el miércoles 15 de diciembre de 1999, en un clima de tragedia por el deslave de Vargas, se aprobó la nueva Constitución, única promesa electoral hecha por el arañero de Sabaneta, por medio del Referéndum aprobatorio de la Constitución. El preámbulo causó desasosiego en los partidarios de la Doctrina Monroe así como en los contenidos de varios artículos: “Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador” (artículo 1), “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” (5), “la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales” (11), “los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles” (12), “el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional” (13), “el espacio geográfico venezolano es una zona de paz” (13), “no se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares, por parte de ninguna potencia o coalición de potencias” (13), “el Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración” (15), “Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras” (90), “Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará” (99), “la educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal” (102), “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones” (110) y, en relación a los pueblos indígenas, “el término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional” (126).
Bajo este contundente marco jurídico y aunado a la pedagogía asertiva del presidente Chávez en devolverle al pueblo el alto nivel de espiritualidad cultural de la venezolanidad a través del árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, Estados Unidos desató con furia todo un arsenal para derrocar al presidente y aniquilar la revolución bolivariana. Es así como el plan se estructuró en torno a las empresas privadas de comunicación social que fueron multiplicadoras del mensaje de la Coordinadora Democrática y de los grupos de poder como Fedecámaras, la Confederación de los Trabajadores de Venezuela, PDVSA, la Iglesia, parte del generalato de la Fuerza Armada, alcaldes de los municipios mirandinos de la Gran Caracas y dos traidores: el alcalde de Caracas Alfredo Peña y el hombre de confianza de Chávez, Luis Miquilena.
11, 12 y 13 de abril de 2002
El 11 de abril varios francotiradores paramilitares centroamericanos fueron apostados en edificios cercanos a Miraflores. La marcha opositora cambió de rumbo y sus líderes la desviaron hacia el palacio de Gobierno. Un cordón humano protegía Puente Llaguno y la esquina de Bolero. Mucha gente fue asesinada sin que ninguno de los medios de más rating informara al respecto. Chávez habló, pero la televisión dividió la pantalla en dos, irrespetando la decisión presidencial de cadena nacional. A las pocas horas cayeron más víctimas de la marcha opositora y del grupo de chavistas. Más tarde, Chávez era secuestrado en una confusión total. El 12 temprano, un ufano Napoleón Bravo le decía al país que teníamos un nuevo presidente y se desató un aquelarre de personajes que aplaudían las decisiones del nuevo gobierno de Carmona Estanga.
Los héroes y heroínas de la patria, aún sin saber nada, pero guiados por la convicción bolivariana, comenzaron, cual estafetas, a decir en todas las esquinas, calles y plazas: ¡Secuestraron a Chávez! ¡Todos los videos son una farsa!”. Las televisoras se dedicaron a pasar comiquitas. El día 12, por sabiduría divina y ancestral del pueblo, y contraviniendo todas las leyes pitagóricas, desapareció de tal manera que si al 11 se le suma 1 no da 12, sino que da 13. Ese pueblo, que antes de la pedagogía emancipadora de Chávez, era una “multitud anónima de siervos”, como la llamó Jorge Eliécer Gaitán, se convirtió para siempre, en un torrente de conciencia, de poderes creadores, de aguafiestas de la guerra molecular, de hombres y mujeres que marchan en la dignidad ancestral de nuestro gentilicio en el ejército libertador comandado por Simón Bolívar para llenar todos los abriles de alegría.
