En un mundo quebrantado tras la caída de la Unión Soviética, la división estructural de la antigua Yugoslavia, construida por el Mariscal Tito tras la Segunda Guerra Mundial y la liberación del nazi-fascismo; se introdujo en el análisis el término «balcanización».
Además de la referencia geopolítica, que indica la fragmentación de las 6 repúblicas y dos provincias autónomas que componían la República Federativa Socialista de Yugoslavia, el término se utiliza, por extensión, para definir la estrategia de desmembramiento de conformaciones nacionales que representan un impedimento, un obstáculo para los objetivos del imperialismo yanqui y sus aliados. Un «patrón» que se repite en nuevos contextos.
Vale la pena recordar cómo se desató la operación de las fuerzas de la OTAN contra lo que quedaba de Yugoslavia, también por las similitudes que presenta con el actual conflicto en Ucrania. Era 24 de mayo de 1999. Los acuerdos de Rambouillet estaban redactados de tal forma que no podían ser aceptados por Yugoslavia en ese momento, como ocurrió con la Rusia de Putin, acorralada por la Alianza Atlántica.
Y si Putin decidió seguir adelante, ciertamente pesó el recuerdo de aquella feroz agresión, querida por Clinton, Blair, Schroeder y D’Alema sin el aval de la ONU y definida como «humanitaria»: forzar las fronteras de la legalidad internacional, doblándola a los intereses del gran capital internacional, y procediendo sobre la base de la política de los hechos consumados.
Podemos entonces decir que el primer elemento que caracteriza la estrategia de una balcanización; es la flagrante ilegalidad impuesta por el imperialismo en desprecio de las mismas reglas que pretende imponer a sus enemigos (pueblos empeñados en ser libres, ante todo). Un buen ejemplo se refiere a la Palestina ocupada por Israel, sujeta a una serie interminable de opresiones, condenadas por innumerables resoluciones de la ONU, todas las cuales han quedado en letra muerta.
El otro elemento relacionado se refiere al uso de la Corte Penal Internacional como mecanismo de injerencia política internacional. El expresidente serbio Slobodan Milošević, el primer presidente electo de Serbia y fundador del Partido Socialista de Serbia, pagó el precio. Después de la llegada de su sucesor Koštunica, a pesar de que Yugoslavia no había reconocido al tribunal de Haya en ese momento, y desafiando las leyes locales, Milosevic fue deportado a Haya sin sentencia de extradición, el 1 de abril de 2001. Moriría en prisión en circunstancias oscuras en 2006.
Diez años después, el Tribunal Internacional de Haya reconoció su inocencia ante las denuncias de presuntos crímenes de guerra cometidos en Bosnia entre 1992 y 1995. Esa misma sentencia, cita unas declaraciones que Milosevic, hecho pasar por “monstruo de los Balcanes”, devolvió a los funcionarios serbobosnios: en las que abogaba por la protección de las minorías étnicas y declaraba que los crímenes cometidos contra ellas debían ser combatidos enérgicamente.
La protección de minorías y supuestas matanzas por «motivos religiosos, étnicos y xenófobos» fueron también los pretextos para la extradición del entonces presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, un progresista inicialmente del agrado del Partido Socialista francés; el 30 de noviembre de 2011 Gbagbo fue llevado a Holanda para ser juzgado por la Corte Penal Internacional; por presuntos crímenes de lesa humanidad de los que sería absuelto en 2019.
Sin embargo, se había creado un precedente con respecto al uso político de la CPI como instrumento para entrometerse con presidentes no deseados en Washington. De hecho, el infame Grupo de Lima, una institución creada artificialmente por EE. UU. con apoyo de la Organización de los Estados Americanos, dirigida por su burla Luis Almagro, intentó usarlo contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en medio del ataque a Venezuela y el respaldo internacional a la autoproclamación del llamado “presidente interino”, Juan Guaidó.
De las más de 40 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, aquellas por presuntas violaciones a los derechos humanos tienen nombres como Ley de Protección de los Derechos Humanos y la Democracia Venezolana: se utilizan conceptos “humanitarios” como arma para provocar catástrofes humanitarias, creando un precedente perverso en la jurisdicción internacional.
En el proceso de balcanización del mundo, que sirve a los intereses imperialistas, es fundamental la creación de falsos organismos internacionales que avalen lo indefendible, cuando el imperialismo no logra respaldo en grandes instituciones como la ONU. Igualmente le es necesario fomentar desestabilización en las fronteras y las supuestas aspiraciones de «independencia», que sólo son válidas cuando, como en Bolivia, son reivindicadas por los representantes de la oligarquía.
Luego, según las zonas de que se trate, surgen conflictos étnicos o religiosos, sobre los que las fuerzas coloniales soplan astutamente, como sucedió en Ruanda con las matanzas entre hutus y tutsis en 1994, o como sucedió con el apoyo talibán del mulá Omar, que llevó al descuartizamiento del presidente comunista de Afganistán, Najibullah, en septiembre de 1996.
Los ejemplos de esta estrategia abundan en todo el sur global, donde la construcción de “pequeñas patrias” (nada progresistas ni antisistémicas) sirve para propagar el “caos controlado”, necesario para la economía de guerra y el intento de resetear un capitalismo en crisis sistémica, impulsado por los intereses del complejo militar-industrial.
La estrategia también se correlaciona con la «balcanización» de conciencias y cerebros, particularmente avanzada donde los aparatos de control ideológico son más sofisticados. También en este caso, hubo algunos momentos decisivos, sobre los que se “calibró” el consenso general y se orientó la llamada opinión pública tras la caída de la Unión Soviética. La más significativa fue y es la Venezuela Bolivariana, un verdadero laboratorio de ataques del imperialismo y resistencia del pueblo y del gobierno.
La poderosa propaganda bélica de los medios hegemónicos, al presentar la realidad al revés, ha logrado en efecto paralizar o impedir la posibilidad de una reacción solidaria a gran escala, que se oponga en los países capitalistas a todas las atrocidades perpetradas, con evidente soberbia y en desacato al derecho internacional, contra el pueblo venezolano y su gobierno: desde medidas coercitivas unilaterales e ilegales, mantenidas aún en tiempos de pandemia, a verdaderos robos realizados por bancos internacionales, hasta el reconocimiento a una banda de estafadores como alternativa artificial a la voluntad de los electores.
El segundo gran ensayo orquestal es ahora el conflicto en Ucrania, y las grotescas manifestaciones de censura y autocensura impuestas a nivel informativo y cultural. Como fase ulterior de desarrollo, en efecto, la balcanización de las conciencias exige la plena adhesión de los «dominados» a las decisiones de las clases dominantes, mediante la interiorización de los mecanismos de autocensura, ocultación o inversión de responsabilidades en los conflictos (de clase o geopolíticos).
Crear vínculos, volver inteligible la realidad a partir de un análisis que revele los mecanismos, responsabilidades, tareas y costos de subvertirla en favor de un mundo de paz con justicia social, es por tanto un objetivo inaplazable. Inervado por el marxismo, el pensamiento profundamente antiimperialista de Bolívar sobre la integración latinoamericana puede proporcionar toda la trama. Una gran trinchera común.
Para evitar confundir luciérnagas con farolillos, asumiendo por ejemplo la lógica de los Estados de forma incongruente y luego retirarse si no coincide con el modelo que habíamos imaginado; es necesario en primer lugar hacer un cálculo de las relaciones de fuerzas. Es necesario analizar los intereses en juego, las perspectivas, y las palancas que abren fructíferas contradicciones para las clases populares; cuando triunfan los gobiernos progresistas: sin embargo, considerándolos sólo un primer paso hacia una nueva acumulación de fuerzas; en tensión permanente hacia el futuro.
