Alegría incompleta. Esa fue la sensación que se experimentó el pasado viernes 16 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando arribaron once de los diecinueve tripulantes del avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), secuestrado en Argentina desde junio.
La alegría fue natural por los once, a quienes un tribunal de Buenos Aires les levantó la arbitraria medida prohibición de salida de Argentina que pesaba sobre ellos y que los mantuvo tres meses retenidos, sin causa legal alguna, tal como consta en el mismo expediente del caso.
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Los tripulantes del avión de carga llegaron en dos lotes, uno de siete y otro de cuatro personas. Ambos grupos llegaron primero a Bolivia y desde allí volaron hasta La Guaira.
La única mujer del grupo, Victoria Valdivieso puso el acento en que la alegría no será completa hasta que todos los tripulantes sean liberados. “No hay que bajar la lucha por los tres venezolanos y cuatro iraníes que quedaron allá”, advirtió.
Y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, añadió en ese mismo sentido que: “el grupo que queda en Argentina todavía está secuestrado; porque no les permiten regresar a su país y encontrarse con sus familias y cumplir su vida digna; como bien lo estaban haciendo en Venezuela”.
Subrayó que la injusta retención del avión y sus tripulantes; es una consecuencia más de las medidas coercitivas unilaterales mediante las cuales Estados Unidos aplica sus leyes a escala global y viola los derechos humanos de personas inocentes. “No podemos normalizar y acostumbrarnos a las sanciones, hay que mantener la guardia en alto respecto a los efectos que causan”
Siguen en Argentina los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arriaga Urdaneta y José García Contreras; y los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh.
El avión de Emtrasur, un Boeing 747-300 de carga, fue secuestrado por un tribunal federal a cargo del juez Federico Villena, el 8 de junio, en un truculento proceso que apeló al argumento del terrorismo y en el que ha tenido rol protagónico la deplorable prensa argentina, radicalmente adversa a la Revolución Bolivariana.
Luego de una serie de episodios de dudosa legalidad, en los que se prohibió la salida del país de los 19 tripulantes de la aeronave, el tribunal permitió que la allanara el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Villena es considerado en su país como una de las tantas fichas del expresidente Mauricio Macri en el Poder Judicial. Nadie se sorprendió, entonces, por este fallo que respalda la persecución de Estados Unidos contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, pues esa fue la línea de Macri durante su mandato, al punto de haber contemplado planes para hacer participar a las fuerzas armadas argentinas en una eventual invasión a Venezuela.
El proceso judicial tenía tan escasa base que en el expediente, cuando ya habían transcurrido dos meses de la retención, se señalaba que la causa de la imputación estaba «por determinar».
Villena, luego de prohibir la salida del país de los tripulantes, tomó una segunda decisión claramente obsecuente con Estados Unidos al permitir que el FBI entrara al avión a buscar supuestas pruebas de terrorismo.
Previamente, Agustín Rossi, jefe del Servicio de Inteligencia de Argentina, aseguró que “no hay ningún dato que permita afirmar que existe una amenaza terrorista. El motivo del viaje del avión está perfectamente justificado y el contrato del transporte de carga está en orden.
De hecho, el avión llegó a Buenos Aires con una carga de repuestos automovilísticos procedente de México, en lo que ya era la quinta operación que realizaba, transportando mercancía. No hubo nada clandestino ni sospechoso en el vuelo. Incluso ya estaba pagado el combustible que en Ezeiza debieron reponer.
Allí comenzó este vergonzoso episodio, pues la empresa Shell se negó a abastecer al 747-200, alegando que Conviasa, la empresa matriz de Emtrasur, está sancionada por “terrorismo” en Estados Unidos.
La tripulación intentó conseguir la gasolina en Uruguay, por ser la alternativa más cercana, pero cuando ya estaban llegando al aeropuerto, la autoridad aeronáutica de esa nación les notificó que no tenían permiso para entrar a su espacio aéreo, por instrucciones del Ministerio de Defensa. La persecución ordenada por Estados Unidos llegó, incluso, a poner en peligro las vidas de los tripulantes y posiblemente la de otras personas, al comprometer la seguridad del vuelo.
Cuando retornaron, obligados por las circunstancias, en Buenos Aires se había montado el show. Hubo inusuales medidas de seguridad en la pista, se sometió a los tripulantes a prolongadas esperas a bordo, y luego se pasó a mayores, al retenerles los pasaportes.
Formalmente, no fueron privados de libertad, pues se les expidió un permiso especial para circular por la ciudad, pero en la práctica sí lo estaban, pues no podían retornar al país. Y la situación sigue igual para los siete tripulantes a los que aún no se les ha levantado la prohibición de salida.
En cuanto al avión, está prácticamente confiscado en suelo argentino, pero bajo el control de Estados Unidos, en una abierta acción imperial. No hay expectativas claras de que la aeronave sea devuelta a su legítimo propietario.
El retorno de estos once compatriotas es una victoria parcial de la parte venezolana en este proceso pseudojudicial y mediático, pues ha quedado demostrado que nunca existió ninguna imputación concreta contra ellos.
El éxito solo será completo cuando se logre el regreso de los otros integrantes de la tripulación, incluyendo a los ciudadanos iraníes fantasiosamente señalados como terroristas. Y cuando se consiga la devolución de la costosa aeronave, que venía operando con normalidad desde febrero de este mismo año, tanto con cargas comerciales como en vuelos humanitarios de transporte de insumos médicos y auxilios para desastres naturales.
