¿Un asesinato nacido en las cámaras del poder, a la sombra de los intereses imperialistas que han decidido cambiar de caballo? Este es el escenario probable que enmarca el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de facto de Haití. Un pequeño ejército de mercenarios irrumpió en su residencia supercontrolada fingiendo ser agentes de la agencia antidroga DEA, y lo asesinaron e hirieron a su esposa. El comando fue arrestado casi por completo y mostrado a las cámaras.
Se trata de 28 personas, 26 de ellas de nacionalidad colombiana y dos estadounidenses. Los dos dijeron que fueron contratados a través de Internet como intérpretes, para secuestrar y no para matar a Moïse, quien debería haber sido llevado ante un juez por una orden de arresto. Otros tres colombianos han muerto a manos de la policía. El jefe de seguridad del palacio presidencial fue detenido, junto con otros funcionarios. Los magnates Réginald Boulos y Dimitri Vorbe han sido llamados por la justicia a declarar.
El asesinato fue planeado en un hotel en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Así lo afirmó el director de la policía haitiana, León Charles, durante una conferencia de prensa en la que mostró fotos de quienes serían los instigadores del operativo. Se trata de Christian Emmanuel Sanon, un médico que vive en Florida desde hace 20 años, detenido e indicado como autor intelectual de la conspiración, otro haitiano-estadounidense, también de Florida, James Solages, también detenido, y Antonio Emmanuel Intriago Valera, un venezolano dueño de la empresa de seguridad, también radicada en Miami, que contrató a ex soldados para el operativo. Según el FBI, la operación fue lanzada en noviembre de 2020 en una reunión en Miami en la sede de la empresa contratista privada propiedad de Intriago.
Bogotá confirmó que 6 de los detenidos son ex soldados colombianos. El diario El Tiempo reveló el currículum de uno de ellos, Manuel Antonio Grosso Guarn, considerado uno de los más preparados en el ejército colombiano hasta 2019. Al inicio de su carrera recibió entrenamiento especial, y en 2013 fue adscrito al Grupo de Fuerzas Especiales Urbanas Antiterroristas, los que secuestran y matan a manifestantes que desde hace meses protestan contra el gobierno de Duque. Aquellos departamentos que, en los últimos días, han recibido más refuerzos de la CIA. Un portavoz del Pentágono, el teniente coronel Ken Hoffmann, admitió a Washington Post que “un pequeño número de colombianos arrestados han participado en programas de entrenamiento de Estados Unidos en el pasado mientras estaban en las Fuerzas Armadas de Colombia».
El gobierno bolivariano recordó que Intriago, el operador de la empresa de seguridad CTU Security, está relacionado con un socio llamado Antonio Esquivel, quien fue el organizador del concierto en Cúcuta, cuando los golpistas venezolanos (López, Guaidó y compinches), intentaron enmascarar la invasión externa de Estados Unidos y sus vasallos como «ayuda humanitaria». El mismo esquema que Iván Duque y Luis Almagro quisieran imponer ahora a Cuba. Duque ha pedido a Estados Unidos que amplíe la ocupación militar de Haití y a la Organización de Estados Americanos de Almagro que envíe una misión urgente para «proteger el orden democrático».
Desde Washington, la portavoz presidencial Jen Psaki ha calificado el asesinato de «un crimen horrendo» y ha dicho que EE.UU. está dispuesto a «ayudar» al pueblo haitiano. ¿Cómo? Lo explica la larga cadena de intervenciones neocoloniales, militares, políticas o financieras llevadas a cabo desde principios del siglo XX para aplastar el orgulloso legado de la primera república de esclavos libres, liderada por Toussaint Louverture.
Ahora también está pidiendo la intervención extranjera el primer ministro saliente, Claude Joseph, designado por Moïse sin la aprobación del parlamento que, teniendo una mayoría de oposición, lo había disuelto. Algunos acusan ahora al viceministro de facto, que quiere permanecer en el cargo hasta las elecciones y que ha declarado el estado de sitio, de querer dar un golpe de Estado y al menos haberse beneficiado del asesinato. Joseph habría tenido que ceder el cargo a otro primer ministro de facto, Ariel Henry, quien también fue designado por Moïse sin la opinión del parlamento el 5 de julio. Henry sigue reclamando el cargo, apoyado por el presidente del Senado, Joseph Lambert, nombrado presidente interino de Haití hasta el 7 de febrero de 2022 con el voto de ocho de los diez senadores haitianos aún en activo. Sin embargo, tanto la policía colombiana como la haitiana han argumentado que no hay información que vincule a Claude Joseph con el complot.
En febrero de 2018, Moïse aplicó la receta del FMI, lo que provocó protestas en todo el país. Al año siguiente, la Corte de Cuentas entregó al Senado un informe en la que al menos 14 exfuncionarios del gobierno habían transferido en sus bolsillos más de $ 3.800 millones llegados desde Venezuela a través del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016; y que la empresa de Moïse, la Agritans, se había beneficiado con contratos para construir proyectos que nunca se completaron, pero para los que se había embolsado el dinero.
Al empresario Moïse, “el señor de los plátanos”, no le importaba el agradecimiento de la población, sino el de los padrinos occidentales, que lo habían colocado allí como sucesor del cantante Michel Martelly y representando a la élite agraria. Desde el año pasado, luego de haber suspendido dos tercios del Senado, todo el parlamento y todos los alcaldes del país por decreto, dijo que quería permanecer en el cargo hasta 2022, en base a su propia interpretación de la constitución.
Las elecciones, pospuestas muchas veces, se habían fijado para el 29 de septiembre, pero Moïse también decidió un referéndum que cambiaría la constitución, devolviéndola a los tiempos de la dictadura de Duvalier. Pese al rechazo de toda la oposición popular o institucional, Moïse había recibido el aval de Almagro. Moïse había también perdido el apoyo de grupos económicos poderosos, como el inversor Reginald Boulos y la familia Vorbe, que controla el sector eléctrico y que le habían pedido públicamente que se fuera. En represalia, el gobierno anunció que quería revisar algunos contratos de grandes empresas privadas, también propiedad de la familia Vorbe.
Un montón de argumentos que probablemente llevaron al sangriento «retiro» del rey del plátano.