Por Augusto Taglioni
Director Resumen del Sur, periodista. Mar del Plata
El desalojo por la fuerza de la embajada de Ecuador en Londres y detención de Julián Assange fue la noticia internacional de la semana y una de las más importantes del 2019. El fundador de Wikileaks ya se encuentra encarcelado y con un pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos.
Para saber más sobre su situación legal, Resumen del Sur conversó con el abogado de Assange, Carlos Poveda, quien consideró los hechos como una “vergüenza internacional” y aseguró que el arresto estuvo previamente acordado por el gobierno de Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos.
¿Cuál es la situación legal de Julian Assange?
Desde el punto de vista legal hemos trabajado desde la iniciación del derecho al asilo y a la cooperacion juducial con Suecia, donde logramos archivar las causas por presunta violacion. Luego, lamentablemente con el nuevo presidente de Ecuador, el Canciller (José) Valencia tomó un giro diferente al que tenía el presidente Rafael Correa y empezaron a implementarse protocolos de conviviencia que generaron determinadas responsabilidades de habitación y respeto a la embajada por parte de Julian Assange, que ya existían pero eran de manera verbal. En ese marco, nosotros observamos que había una posibilidad de terminación de asilo pero no veíamos procedimiento.
¿Qué tipo de procedimiento?
Si se hubiese presentado alguna demanda vinculada con la violación del protocolo hubiésemos tenido audiencia o posibilidad de apelar. Eso siempre nos preocupó y por eso el año pasado activamos una acción de protección que es lo que establece la Constitución de Ecuador como garantía.
Los jueces no nos dieron la atención, no entendieron. Nosotros vamos a seguir planteando la inminencia y gravedad de la protección de asilo.
Esa fue nuestra lucha, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, utilizando todos los mecanismos para defender a un ecuatoriano, y esto es bueno aclararlo, Julián Assange sigue siendo ciudadano ecuatoriano. Lamentablemente, hubo un deslíz legal en el que el Canciller Valencia se equivoca y transgrede porque nunca nos notificaron el análisis de la naturalización, como tampoco nos notificaron del fin del asilo afectando las reglas del debido proceso. Por lo tanto, lo que podemos decir para resumir la situación legal es que sacaron a un ecuatoriano para extraditarlo a un país con pena de muerte. ¿Qué significa esto? Podría ser un delito porque estaríamos en presencia de un Estado con conducta inapropiada en contra de una persona protegida.
Es inconstitucional de todo punto de vista porque (Assange) sigue siendo ecuatoriano y abrieron las puertas de la embajada y lo sacaron por la fuerza y eso, evidentemente, es un acto inconstitucional. Ahora será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que discuta la cautelar que presentamos y tenemos también el escenario de las Naciones Unidas dado que el relator especial sobre el Derecho a la Privacidad del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Joseph Cannataci iba a visitar la embajada el 1 de abril por una denuncia realizada por la defensa, juntamente por la afectación a sus derechos de privacidad, sus datos legales, de salud. Lamentablemente ingresaron y filtraron todo ese tipo de información. Luego, pactamos para el 25, pero ya no podrá ser. Sin embargo, Canatacci y el relator especial contra la tortura del organismo, también se comprometieron a visitar a Assange en la cárcel en Gran Bretaña. Por otro lado, tenemos pensado demandar al Tribunal Europeo por los Derechos Humanos y al Reino Unido. Estos son los escenarios jurídicos internacionales que estamos barajando para demostrar que esto ha sido una vergüenza internacional y una transgresión jurídica al más alto nivel. Hay una persecución y una cacería de brujas muy importante con la detención de un supuesto colaborador de Assange al que le quieren adjudicar una relación con Ricardo Patiño y planes de conspiración contra Lenin Moreno. Es una situación insostenible, escándalos innecesarios en donde parecen querer poner una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que involucran al gobierno con los INA Papers, sobre todo, el descenlace que esto puede tener.
¿Hubo un pedido de extradición de Estados Unidos?
Si, hay una petición formal del gobierno y fue por presión de Estados Unidos que Ecuador dejó de proteger a Assange. Los abogados en Londres están con el tema. Los plazos de extradición tardan entre 1 y 3 años, no es inmediato porque tienen recursos y, además, los padres de las mujeres que denunciara a Julián en Suecia quieren pedirla, pero no lo veo probable. Otro adicional a la situación de Assange es que los cargos en Estados Unidos no serían solo de conspiración o traición, podría haber más.
¿Cree que existió un acuerdo previo entre Estados Unidos y Ecuador?
Fue una hoja de ruta elaborada entre Estados Unidos, Reino Unido y el gobierno de Ecuador, estamos absolutamente convenidos de que hubo un acuerdo. Basta con el operativo de seguridad montado en donde inmediatamente que se confirmó el fin del asilo, la policía ingresó a sacarlo por la fuerza y rápidamente se conoció la condena de 12 meses. Los viajes de Lenin Moreno a Reino Unido, la visita de Mike Pence a Ecuador y del presidente de Ecuador a Estados Unidos demuestran que existieron acuerdos y confabulaciones. Como ecuatoriano me preocupan las consecuencias que nuestro país tendrá por esta decisión.
¿De qué tipo?
Hemos denunciado que se filtró información interna de la embajada. Vamos a imponer una denuncia para saber por qué hubo información reservada que apareció publicada en España, de hecho la justicia española lo está investigando. Esta es una consecuencia grave, porque se trata de información que sale de una entidad pública y oficial y no es entendible que esa información salga teniendo el mandato de una compañía seguridad. Alguien tiene que hacerse responsable. Por otro lado, la misma Corte Interamericana dijo que antes de retirar el asilo debería realizar una entrevista, y eso no se hizo. En estos casos, cuando se analizan las cuestiones de fondo, la Corte termina sancionando al Estado y obliga a indemnizar. Si algo llegara a pasarle a Assange, el costo para el Estado ecuatoriano sería incalculable. Por último, la condena internacional en las Naciones Unidas.
El análisis que se puede hacer es que en lugar de defender a una persona con protección, se la hostigó y maltrató con el corte de internet, la intercepción de correspondencia privada, el quite de energía eléctrica, restricción de visitas y de su equipo de salud. Por ejemplo, en períodos de feriado no contaba con servicios básicos como el de la comida. A pesar de todo esto y de los problemas de salud lógicos por estar 7 años en una situación de presidiario, Assange tiene una fé y una convicción inquebrantable y va a seguir en esta lucha que es muy desigual.
