Más de 30 países están sometidos a más de 26 mil sanciones, lo que convierte este fenómeno en un problema global, no exclusivo de Venezuela
Las mal llamadas “sanciones económicas”, supuestamente diseñadas para la diplomacia, forman parte del arsenal de la política exterior de las potencias dominantes, particularmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque se presentan como medidas para velar por los derechos humanos o la paz global, en la práctica, constituyen una forma de agresión que inflige un daño profundo a las naciones. Jeffrey Sachs, las ha llamado «la guerra de los cobardes, porque destruyen países sin mancharse las manos de sangre».
¿Daño quirúrgico o crimen de lesa humanidad?
Según Alejandro Marcó del Pont, en su artículo titulado “Sanciones, la geopolítica del genocidio económico”, sostiene que aunque la narrativa oficial describe las sanciones como acciones precisas, dirigidas a figuras específicas dentro de un gobierno, sin embargo, la evidencia empírica desmiente esta afirmación. “Lejos de ser bisturíes quirúrgicos, las restricciones económicas actúan como mazos, pulverizando la infraestructura económica de un país, devastando sus sistemas de salud y sumiendo a vastas poblaciones en la pobreza crónica. Irónicamente, en lugar de desestabilizar a los gobiernos a los que se dirigen, estas presiones externas a menudo los fortalecen”.
Esta paradoja podría explicarse porque ante la adversidad los pueblos desarrollan sistemas inmunológicos fuertes, pese a que las medidas coercitivas unilaterales fueron creadas para generar dolor colectivo, con la intención de crear un caldo de cultivo para el descontento popular.
Marcó del Pont, un economista argentino y analista geopolítico conocido bajo el seudónimo El Tábano Economista, expresa en su artículo que la implementación de sanciones sigue una lógica implacable, con objetivos claramente definidos. El primer propósito, y quizás el más brutal, es inducir un colapso económico a gran escala. Las medidas están diseñadas para paralizar la actividad comercial y financiera, asfixiando los recursos vitales de una nación. Una vez que este objetivo inicial se alcanza, o al menos se pone en marcha, emerge el segundo propósito: provocar la desestabilización del llamado “régimen” para lograr su reemplazo. “La historia reciente está plagada de ejemplos donde embargos comerciales integrales han sido la norma, disfrazados en ocasiones bajo la denominación de «sanciones inteligentes» o «selectivas». Sin embargo, incluso estas supuestas medidas precisas, como la congelación de activos o las prohibiciones de viaje a individuos, no están exentas de repercusiones sociales generalizadas, lo que contradice la idea de un impacto humanitario mínimo”.
Y agrega: “el carácter indefinido de muchas sanciones subraya su naturaleza coercitiva. Permanecen en vigor hasta que se percibe que han logrado su efecto devastador o, en su defecto, se intensifican. Esta persistencia a menudo conduce a un tercer objetivo, la extraterritorialidad. Este concepto implica que las sanciones no solo afectan al país objetivo, sino que también imponen obligaciones a ciudadanos y empresas de terceros estados, amenazándolos con represalias si no cumplen”.
Y cita como ejemplo el caso de BNP Paribas en 2015, multado con 9.000 millones de dólares por sus transacciones con Cuba e Irán. Este acaso ilustra vívidamente cómo la soberanía de otras naciones puede ser doblegada por el alcance del dólar estadounidense. De manera similar, cuando la administración Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní en 2018, las empresas europeas, a pesar de la intención de la Unión Europea de mantener el pacto, se vieron obligadas a retirarse de Irán por temor a las represalias de Washington. Este escenario pone de manifiesto cómo la política de una potencia puede, de facto, determinar el ámbito de operación de entidades de otras jurisdicciones, incluso cuando sus propias directrices políticas difieren. Y afirma: “Es una manifestación contundente de la hegemonía económica y política que subyace a la supuesta neutralidad de las sanciones”.
William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela, define las sanciones como un instrumento ilegal, criminal y coercitivo de política exterior utilizado por gobiernos hegemónicos para someter a países soberanos. Su visión se fundamenta en el impacto devastador que estas medidas han tenido sobre la economía venezolana y en su carácter unilateral, violatorio del derecho internacional.
Las llamadas sanciones son consideradas por Castillo como ilegales porque violan el derecho internacional al bloquear el comercio exterior de un país soberano.
EE.UU. -sostiene Castillo- utiliza las sanciones como mecanismo de presión para influir en procesos políticos internos, condicionando su levantamiento a la sumisión del gobierno venezolano.
El viceministro ha señalado que las sanciones han provocado una “suerte de devastación económica” al afectar la industria petrolera, congelar activos, y restringir el acceso a divisas y al comercio internacional.
Castillo afirma que más de 30 países están sometidos a más de 26 mil sanciones, lo que convierte este fenómeno en un problema global, no exclusivo de Venezuela.
En su análisis, las sanciones han fracasado en su objetivo de provocar un cambio de régimen en Venezuela, todo lo contrario, el país ha logrado iniciar una recuperación económica con alianzas estratégicas y políticas internas de producción nacional.
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Las licencias, como la Licencia 44, no representan un alivio real, sino una forma de “administrar el castigo”, ya que siguen siendo parte del sistema sancionatorio y están sujetas a decisiones discrecionales de EE.UU..
Sanciones contra Venezuela en cifras
Total de medidas coercitivas:
– 1.027 medidas coercitivas unilaterales han sido impuestas contra Venezuela hasta enero de 2025.
– De ellas, 53 nuevas sanciones fueron aplicadas solo en los primeros 15 días de ese año.
Impacto económico:
Pérdida de ingresos petroleros:
– PDVSA dejó de producir 4.000 millones de barriles entre 2015 y 2022.
– La empresa perdió 232.000 millones de dólares en ese período.
Colapso del ingreso nacional:
– La economía venezolana dejó de percibir 642.000 millones de dólares por efecto directo del bloqueo.
– El ingreso en divisas actual representa apenas 10–12 % del que se obtenía en 2014.
Producción petrolera
– En 2015: 2,4 millones de barriles diarios.
– En el peor momento (junio 2020): 400.000 barriles diarios.
– En 2025: recuperación a 1 millón de barriles diarios, aún lejos del nivel prebloqueo.
Contexto global
– Venezuela es uno de los países más afectados, junto con Rusia, Irán y otros estados que han desafiado intereses geopolíticos de EE.UU y sus aliados.
