Tribunal Supremo anula todas las condenas
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El juez Edson Fachin, del Tribunal Supremo de Brasil (STB), anuló todas las condenas por corrupción que habían llevado al ex presidente, Lula da Silva, a la cárcel en el caso Lava Jato. La Sala XIII de la Corte Federal de Curitiba, que presidía Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula por las diversas demandas que se le entablaron, como habían reiterado sus abogados y numerosos peritos internacionales.
Los hechos que se le disputan -estableció el STB- no tienen relación directa con la mayor investigación por malversación abierta contra Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) en 2014, dentro y fuera del país. Según Fachin, el proceso contra Lula debe ser examinado por el tribunal de la capital, Brasilia. La acción persecutoria con fines políticos llevada a cabo por el ex juez y exministro de Bolsonaro, Sergio Moro, procesado él mismo por la Sección II del STB desde 2019; así fue destacado también por el propio Poder Judicial.
Hace dos años, el proceso contra Moro fue interrumpido pero hubo un resultado favorable al ex juez (2 a 0). Ahora ha habido una nueva interrupción, pero sobre la base de cambios en los resultados que muestran un voto de paridad (2 a 2); y la sentencia podría llegar después de mucho tiempo. Incluso los nuevos juicios contra Lula necesitarán tiempo para completar todo el proceso. Mientras tanto, el exsindicalista ha recuperado sus derechos políticos y puede volver a desafiar a Bolsonaro en las elecciones de 2022.
En su primer discurso público tras la sentencia, Lula le agradeció al presidente venezolano, Nicolás Maduro, «que tuvo la dignidad de llamarme y expresarme solidaridad», dijo. Venezuela fue uno de los polos internacionales más importantes de la campaña Lula Libre, realizada por el Foro de Sao Paulo, que tuvo lugar en Caracas.
“Estados Unidos —agregó Lula— no debe meterse con Venezuela, Haití, República Dominicana, Cuba. Que los estadounidenses se metan con los Estados Unidos y que cada uno cuide su lugar. El problema de la democracia en Venezuela es del pueblo venezolano”. Asimismo, agradeció la solidaridad del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. “En pocos días lograron reunir 2.350.000 firmas en solidaridad conmigo”, destacó.
En referencia a Moro, Lula dijo que «los dioses de barro» no duran mucho y pidió que se continúe la batalla legal para sancionar definitivamente su parcialidad. Él, también dijo que la injusticia cometida en su contra es pequeña en comparación con la que sufren los brasileños pobres, afectados por la pandemia, el hambre y el desempleo; y que el dolor que le han causado es ciertamente menor que el experimentado por los 270.000 brasileños que han perdido familiares por la Covid-19; y ni siquiera han podido darles el último adiós.
Luego, reiteró el acierto de la decisión de haberse entregado a la cárcel, el 7 de abril de 2018, donde permaneció 580 días, para demostrar su inocencia y que se reconociera su integridad moral. Una elección hecha frente al sindicato de los metalúrgicos y frente al pueblo que lo acompañó a la cárcel, y que no se resignaba a que le quitaran los beneficios obtenidos durante su gobierno. “No te entregues”, le gritaban los manifestantes, que luego permanecieron acampados frente a la cárcel durante días.
Una fuerza popular indignada por el evidente uso político de un poder judicial atrapado en el entrelazamiento de intereses que llevó a la criminalización del Partido de los Trabajadores (PT) y le abrió camino a la victoria de Bolsonaro, pero también una fuerza desorientada y decepcionada por la timidez mostrada por el Partido de los Trabajadores (PT) en la última parte de sus cuatro gobiernos consecutivos.
Un ciclo que terminó en 2016 con el juicio político a Dilma Rousseff por corrupción; desencadenado y manejado fraudulentamente por personajes que luego terminaron en prisión ellos mismos, condenados por corrupción. Un golpe institucional sobre la base de un modelo experimentado previamente en América Latina, organizado dentro de la alianza gubernamental con la complicidad del gran capital internacional con terminales en los medios de comunicación, el poder judicial y los militares.
El 16 de marzo de 2016 Dilma nombró a Lula como jefe de gabinete de su gobierno. El nombramiento, que le habría dado inmunidad y evitado su detención, fue bloqueado por el juez, Gilmar Mendes, del STB. El mismo que ahora ha votado en contra de Moro, acusándolo de haber representado «un proyecto de poder populista».
Un plan también destacado por los mensajes de Telegram, intercambiados entre Moro y el fiscal jefe de Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, en el que los dos hicieron acuerdos para condenar a Lula e impedir su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018; como sucedió posteriormente. Tras noquear al carismático Lula, Bolsonaro ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2018 y llevó al país al abismo, eliminando todas las ventajas adquiridas por los sectores populares. En noviembre de 2019, el Tribunal Supremo Federal dictaminó la ilegalidad del encarcelamiento durante apelaciones pendientes, y Lula pudo salir de prisión.
En Brasil —dice Lula en el libro-entrevista— “a verdade vencerá: o povo sabe por que me condenam”; escrito poco antes de su detención. «La democracia no es la regla, sino la excepción. No hace falta un golpe militar, se puede hacer explotando la ley”: comprando periódicos que construyan opinión pública y utilizándolos contra el gobierno, apagando la indignación popular. Los intereses en juego son enormes, al igual que los medios utilizados para difundirlos incluso a través de los miles de laboratorios de ideas neoliberales como el Instituto Millenium.
Intereses que, internamente, apalancan un racismo centenario, llevado – dice Lula – por «esos cabrones» que cuando los gringos se suben a un avión con bermudas, «lo encuentran lindo», mientras que si un brasileño negro es el que sube en bermudas dicen “no sabe vestirse para tomar el avión”.
El periodista, Juca Kfouri, le pregunta a Lula en el libro «¿Sigues confiando en el último tribunal, el Supremo?». Y él le responde: “Tengo que tener fe. Si perdiera la fe en el Poder Judicial, debería dejar de ser político y decir que las cosas en este país solo se pueden solucionar con una revolución. De la misma manera que no creo en el tribunal popular, sigo creyendo en la democracia y en el funcionamiento de todas las instituciones”.
