Al analizar algunos elementos clave del golpe de abril 2002, queda claro por qué es legítimo considerar a la Venezuela Bolivariana como un paradigma del siglo XXI; un laboratorio que va más allá de la realidad venezolana. El haber podido observar ese punto de inflexión desde el interior de los medios europeos, nos ha permitido vivir de primera mano el crescendo de mentiras, ingeniosamente alimentadas, que luego servirían para negar el golpe: bombas mediáticas lanzadas contra la joven República Bolivariana de Venezuela; según un plan establecido por grandes intereses multinacionales.
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Casi veinte años después del golpe, leyendo la gran producción documental, fruto de indagaciones periodísticas o judiciales, surge de manera incontrovertible la verdad de los hechos: la del choque de intereses que llevó y que lleva a distorsionar la verdad, poniéndola al servicio de quienes actúan para sofocar las razones de los sectores populares, en nombre del «pluralismo informativo».
Un «esquema» que aún funciona, ya que las grandes concentraciones mediáticas son un apéndice ejecutivo que apoya y alimenta la concentración monopolística existente a nivel económico. Como ocurre hoy con la versión de los golpistas venezolanos, hegemónica en los medios europeos porque impuesta por las grandes corporaciones, la interpretación deseada por Washington y empaquetada por los medios privados venezolanos se difundió en su momento: desde Estados Unidos a Europa vía Colombia y con punto de revisión principal en el diario español El País.
En la Venezuela de entonces, la lucha contra el latifundio mediático apenas comenzaba, y de la «lección» de abril surgirá la fuerza de los medios alternativos, del «periodismo de calle». En 2001, las dos principales cadenas de televisión privadas venezolanas, RCTV (parte activa del golpe) y Venevisión; ocupaban cada una más del 30% del mercado. Los medios de comunicación reflejaban el poder económico-político de los grandes grupos familiares en su entrelazamiento con los conglomerados económico-financieros a nivel internacional.
También ocupaban espacio las organizaciones de los llamados periodistas «independientes» como Reporters sans Frontières, megáfonos de la CIA. La soberbia de los medios privados llegó hasta la construcción de una falsa entrevista con Ignacio Ramonet, para dar la impresión de que había dejado de apoyar a la revolución bolivariana, moviendo las mismas «críticas» que legitimaban el golpe de Estado en Venezuela. Desde el principio, los medios de comunicación asumieron el papel de actores políticos en el conflicto, utilizando toda la parafernalia de la peor «guerra fría» contra el «castro-chavismo».
Argumentos que se afianzaron en una Europa donde el cuento de los vencedores sobre la historia del siglo XX ya había entrado en la aclamada deriva de los partidos de izquierda moderada. En ese momento, ya estaba claro su divorcio de un consecuente proyecto reformista, que contempla la necesidad de cambios estructurales a favor de los sectores populares y de forzar los límites de la “compatibilidad” capitalista. De lo contrario, habrían tenido que mirar con interés el socialismo embrionario de Hugo Chávez, quien apostó por debilitar los mecanismos del estado burgués desde adentro, apoyándose principalmente en el consenso y utilizando solo una mínima coacción contra los enemigos.
Las 49 Leyes Habilitantes promulgadas por Chávez en noviembre de 2001 no abolieron la propiedad privada, ni proscribieron a la burguesía, ni previeron una verdadera revolución económica, ciertamente minaron privilegios e intereses decisivos para el gran capital internacional: en particular la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos. El ensayo orquestal del golpe fue la huelga patronal del 10 de diciembre de 2001, convocada por Fedecámaras y apoyada por la CTV el día en que Chávez promulgaría la Ley de Tierras en un lugar simbólico como Santa Inés de Barinas, donde Ezequiel Zamora derrotó a la oligarquía a mediados del siglo XIX.
Y surgió la figura de Carmona Estanga, jefe del gremio patronal, como protagonista principal de la conspiración en curso. El 5 de marzo de 2002, se presentó el documento programático del golpe, el llamado Pacto de la Esmeralda, firmado por los máximos dirigentes de Fedecámaras y CTV y bendecido por las jerarquías eclesiásticas. Un apoyo que quedó inmortalizado por la foto del cura Luis Ugalde, que unió triunfalmente sus manos a las de Carmona Estanga y al sindicalista Carlos Ortega. Para la ocasión, este último declaró: «Consideramos inminente la salida del señor Chávez».
Los medios privados enfatizaron el aplauso de los Estados Unidos. El 6 de marzo, un documento de 125 puntos de la máxima directiva de PDVSA demostró la magnitud del conflicto abierto por la decisión de Chávez de reemplazar a los altos funcionarios de la empresa, que se había convertido en un Estado paralelo. Poco después comenzarían los sabotajes, la destrucción de documentos, las manifestaciones al interior de la empresa, el bloqueo de la refinería El Palito, en Carabobo, con la consecuente escasez de gasolina en la capital: las últimas pruebas del golpe, realizadas en tándem entre CTV y Fedecámaras que incluso decidieron pagar los días de huelga a los suyos…
En la época del golpe, también se concretó en los medios el énfasis de la llamada «sociedad civil» para ocultar la verdadera naturaleza de las marchas contra Chávez pilotadas por el sistema de poder propio de la IV República. Tanto para una «izquierda» convencida de que no hay alternativas al capitalismo, como para el imperialismo estadounidense; desde entonces les ha resultado imposible comprender la fuerza del pueblo, organizado y consciente, que fue capaz de resistir el paro petrolero patronal y continuar defendiendo la revolución bolivariana desde 1998. El paro petrolero, que duró desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, llevó a la pérdida de más de 20.000 millones de dólares.
En enero de 1997 gobernaba Rafael Caldera (antecesor de Hugo Chávez), quien tercerizó la administración de los sistemas informáticos de PDVSA (comenzaba su privatización), por lo que la empresa “Información, Negocios y Tecnología” (INTESA), dominaba el cerebro informático de la estatal petrolera, controlada por la contratistas de defensa estadounidenses Science Applications International Corporation (SAIC), con un 60% de las acciones, mientras que PDVSA solo poseía el 40%.
SAIC estaba dirigida desde Estados Unidos y entre sus directores ejecutivos había altos mandos militares y ex-directores de la CIA. Pero la revolución bolivariana logró resistir con la fuerza del pueblo, lanzando su mensaje de esperanza a los que luchan en otros lados del mundo: «A cada 11 le sigue su 13«.
