#ElEsequiboEsDeVenezuela. Con este “hashtag”, Venezuela recordó el 17 de febrero de 1966. En esta fecha, luego de varias rondas de negociaciones, y poco antes de otorgar la independencia a la entonces colonia de la Guayana Británica (hoy República Cooperativa de Guyana), Inglaterra firmó el Acuerdo de Ginebra. Así se reconoció la denuncia de Venezuela sobre el Esequibo. Un territorio de 159.500 kilómetros cuadrados, sustraído por el Laudo Arbitral de París, firmado el 3 de octubre de 1899 en perjuicio de Venezuela.
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Una sentencia dictada en esa sede por un Tribunal Arbitral, creado dos años antes sobre la base del Tratado de Arbitraje de Washington que incluía a Estados Unidos –por un lado–, en representación de Venezuela, y al Reino Unido –por el otro–, como dueño de la colonia de la Guayana Británica. Ambas partes habían acordado someter la disputa a la decisión de un arbitraje internacional.
Una disputa relativa a la frontera al oeste de la colonia británica y al este de la Venezuela independiente, que invocó el principio “Uti possidetis iuris” [Como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis], con base en los territorios de la antigua Capitanía General de Venezuela poseídos al momento de la independencia, en 1810, que tenían como límite el borde del río Esequibo. Sin embargo, el fallo fue a favor del Reino Unido; aunque sobre la base de mapas cuestionables.
Venezuela, inmediatamente impugnó el laudo arbitral; pero fue solo en 1962 que, sobre la base de nuevos documentos, logró llevar la disputa a la ONU y anular esa sentencia. Un importante paso adelante que condujo al Acuerdo de Ginebra el 17 de febrero de 1966; pero que aún no ha tenido una conclusión definitiva satisfactoria para ambas partes, porque no se ha logrado que la ONU nombre un mediador. Todavía, dicho acuerdo sigue siendo válido a todos los efectos, aunque Guyana lo niega, y sigue refiriéndose al Laudo Arbitral.
Se trata, en efecto, de una larga disputa anticolonial que la República Bolivariana ha asumido con fuerza; sustentando sus argumentos en todos los foros internacionales. En ese sentido, se constituyó la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba; presidida por el Diputado Hermánn Escarrá y con William Fariñas como primer vicepresidente.
En el Esequibo, los intereses en juego son gigantescos, tanto desde el punto de vista de la biodiversidad y los recursos naturales: bauxita, oro, diamantes, manganeso; y también reservas de uranio, petróleo, gas; como desde el geopolítico. De hecho, el imperialismo y la propaganda derechista han tratado de influir en las relaciones de Venezuela con instituciones como Caricom, tanto, como de disfrazar la subordinación del gobierno de Guyana al imperialismo, y un reclamo de independencia contra un estado “opresor”, o sea Venezuela, que impediría el desarrollo de otro Estado del sur.
Venezuela ha protestado reiteradamente por el inicio de las perforaciones, arbitrariamente decididas por multinacionales norteamericanas como Exxon Mobil. También ha rechazado los intentos unilaterales de Guyana, inspirados en los grandes intereses multinacionales, de llevar la disputa a la Corte Penal Internacional, para dejar sin éxito la solicitud de Venezuela ante la ONU de nombrar un mediador; como exigen los Acuerdos de Ginebra.
En su momento, el gobierno bolivariano denunció el intento de la oposición golpista, encabezada por el autoproclamado Juan Guaidó, de negociar con el gobierno británico la cesión del Esequibo a cambio de apoyo a la farsa de la autoproclamación y a su robo de los recursos nacionales.
Sin embargo, en el contexto de la diplomacia de paz, en junio de 2022, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó a la Corte Penal Internacional un paquete de argumentos históricos y jurídicos para instar a una solución amistosa del conflicto. Entre las pruebas incontrovertibles para desmantelar la estafa colonial del laudo arbitral, Venezuela exhibió los mapas originales, descubiertos en 2018 por un abogado ítalo-inglés, Ugo Giuliani, documentos escondidos y falsificados por el imperialismo de la época.
A fines de septiembre del año pasado, Delcy voló luego a La Haya para contrarrestar la intervención de Guyana en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se replantearon los argumentos del Laudo Arbitral de 1899, que Venezuela considera «írritos y nulos».
Mientras tanto, la Comisión Especial continúa su labor, tanto a nivel jurídico internacional como a nivel territorial: tanto para sensibilizar sobre la importancia del tema a través del «parlamentarismo de calle», como para informar a las poblaciones aledañas al Esequibo, en Bolívar y Sucre. En espera del pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, la Comisión Especial asegura que no reconocerá ninguna decisión que contradiga la Ley Fundamental de Colombia, promulgada en su momento por el Libertador Simón Bolívar, con base en los mapas de la Capitanía General de Venezuela.
Sobre esta base, el 17 de febrero, la Cancillería venezolana emitió un comunicado para reafirmar la plena vigencia de los Acuerdos de Ginebra y reiterar que “el sol venezolano nace en el Esequibo.
