Geraldina Colotti / Traducción Gabriela Pereria
Los países de la Unión Europea (UE) se estan poniendo de acuerdo con Trump. El pasado 8 de noviembre, decidieron sancionar a Venezuela por la “represión” e imponer un embargo sobre las armas y medidas restrictivas ad personam contra “los responsables”. Una decisión unánime obtenida por los embajadores de los 28, que debería ser ratificada por el Consejo en breve.
El embargo se refiere a las armas, pero también a la exportación de material potencialmente utilizable “para la represión interna” o para “la vigilancia” de los aparatos electrónicos. Además, “si la situación lo requiere”, la UE puede elaborar una lista de personas consideradas responsables de la “represión” a las que podrá prohibir viajar a la Comunidad Europea y podrá congelar eventuales bienes poseídos en Europa. Las sanciones deberían tener un carácter “gradual, selectivo, flexible y reversible”. Todo, naturalmente, en nombre “del diálogo y de la democracia”…
Ya en octubre, los países de la Unión Europea habían conseguido preparar “sanciones selectivas” contra algunas personalidades del gobierno venezolano, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Canadá y de algunos países neoliberales de América Latina, como Colombia, que bloqueó un cargamento de medicinas ya adquiridas, dirigidas a Venezuela.
El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, toma medidas contra Venezuela, mientras en su país continúa la matanza de líderes sociales y exguerrilleros FARC y los indígenas son reprimidos sin vacilaciones. Pero el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no ve y no escucha. Su única obsesión es Venezuela. Ahora se está moviendo para acusar al presidente Nicolás Maduro de crímenes contra la humanidad delante de la Corte Penal Internacional. El hecho que la extrema derecha venezolana, durante 4 meses de violencias, haya cometido delitos atroces como quemar vivos a chavistas y afrovenezolanos, no le importa a Almagro.
Pero, en Venezuela, desde el 8 de octubre partidos y organizaciones políticas que promuevan el odio y el fascismo, serán inhabilitados. Y, en las redes sociales o en la web, quienes difundan mensajes de odio o no los retiren dentro de seis horas desde la publicación, serán bloqueado o deberán pagar una multa pesada. Son estas las disposiciones aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la “Ley contra el odio, por la Conviviencia Pacífica y la Tolerancia”, votada por unanimidad. Quien instiga al odio racial, étnico, de género, religioso, político, social, ideológico o hacia una determinada orientación sexual, se arriesga hasta unos veinte años de cárcel.
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Ortega en el Vaticano
Almagro ha decidido tutelar a quien ha promovido odio y fascismo en Venezuela, hasta consentir la conformación de un “gobierno paralelo” en el exterior, bendecido por Trump y por Europa. Al centro, la figura de la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, quien huyó de Venezuela y se refugió en Colombia.
Ortega fue invitada al Vaticano a una cumbre “contra el tráfico de seres humanos y el crimen organizado” que se realizó entre el 9 y el 10 de noviembre en la Casina Pio IV, en el Vaticano. También fue invitada la Procuradora argentina que renunció al cargo por desacuerdos con Macri, Alejandra Gils Carbó, quien había recibido el apoyo hasta de las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Dos figuras diversa, Carbó y Ortega. La primera se ha ocupado de crímenes contra la humanidad y ha instruido los procesos contra los represores de la última dictadura cívico-militar argentina. Luisa Ortega, al contrario, no consideró procesar a quienes quemaron vivas a personas y devastaron el país por cuatro meses, no ha perseguido a quien ha utilizado a niños en protestas violentas.
Pero Ortega ha preferido empeñarse en una batalla campal contra Maduro: con la mirada dirigida hacia el exterior, porque en un eventual “gobierno de transición”, deseado desde los Estados Unidos y Europa, la exfiscal aspira desempeñar el mismo rol que tuvo contra los sandinistas Violeta Chamorro, presentándose como una figura confiable. Pero esta la extremista atlántica, María Corina Machado, ha comenzado a agitarse y a hacerse notar, porque también añora la silla presidencial.
Al contrario, Venezuela ha obtenido otra significativa victoria en los organismos internacionales. Ha sido electo en el Consejo Directivo de la UNESCO. El voto necesario para incluir los 2 miembros para América Latina ha favorecido ampliamente a Cuba y Venezuela contra Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú.
Mientras tanto, Maduro ha emprendido un complicado proceso de reestructuración de la deuda con Rusia y China, intentando desactivar las consecuencias de las sanciones. Sanciones que su homólogo argentino Macri quisiera que fueran recrudecidas. En una entrevista al Financial Time, de hecho, ha pedido a los Estados Unidos un embargo petrolero total a las exportaciones de Venezuela.
Más sanciones…
El 9 de noviembre el gobierno estadounidense sancionó otros diez funcionarios venezolanos. Entre ellos, el embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, constituyente de la ANC. ¿Europa va ser lo mismo?
Esto ocurre cuando el precio del barril ha comenzado a subir y llegan los primeros respiros para la economía. Venezuela ha sido hostigada por la guerra económica y por el aumento estratosférico de los precios decidido por los comerciantes en desprecio de todos los controles. El Banco Central de Venezuela ha emitido un nuevo billete de 20.000 bolívares, que enseguida ha tomado el vuelo hacia el mercado negro en la frontera con Colombia. Más del 30% de los bolívares se va por esa vía. Se paga hasta 90.000 bolívares por un billete de 20.000, que luego es cambiado en pesos y en dólares. En internet el billete vale 36,99 dólares, que es vendido a organizaciones criminales que luego lo llevan a Colombia y hacen negocios, por lo que el gobierno venezolano ha limitado el efectivo que es posible retirar en los bancos, para controlar este tráfico.
Cuatro F Nº 148 (PDF)
