Por Víctor Hugo Majano/ La Tabla
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La suspensión de las relaciones comerciales con 22 personas y 46 compañías radicadas en Panamá es la más contundente acción tomada hasta ahora para detener el fraude importador y otros delitos con epicentro en la Zona del Canal.
Por ejemplo, la firma Vida Panamá tiene entre sus propietarios a Nidal Waked, un colombiano con nacionalidad panameña, quien actualmente paga condena por lavado de capitales en EEUU, tras una confesión negociada.
Waked fue capturado en Bogotá en 2016 señalado por la DEA como “uno de los más importantes blanqueadores de dinero de la droga y uno de los principales facilitadores del crimen”.
Los cargos se redujeron hasta una conspiración para lavar dinero y finalmente fue condenado a 27 meses de cárcel que terminan este mes. Según la investigación el grupo empresarial recibía, en vuelos comerciales, cantidades de efectivo que era “legitimado” con compras en tiendas duty free. Las acusaciones lo involucraron con traficantes de Colombia, México y Venezuela.
Si bien el gobierno bolivariano no ha ofrecido datos sobre la motivación de la sanción, es probable que el mecanismo también se hubiera usado para legalizar importaciones de compañías venezolanas con divisas preferenciales, o que parte de las divisas provenientes del narcotráfico hubieran ingresado al mercado paralelo del dólar.
Otro caso es el de la compañía Ursula Impor & Export, de los hermanos Ayoud (Adhan, Maruan, Samih y Akran) quienes crearon 68 firmas para apoderarse de divisas de Cadivi para importar leguminosas.
Algo similar sucedió con Inversiones GP Internacional, de los hermanos Mansour Hammed, que en febrero de 2014 estuvieron involucrados en el decomiso de más de 50 mil electrodomésticos acaparados en Valencia. Se trata de equipos con las marcas GPlus y Electrosonic.
El latifundio en ofensiva
Yurleydis cumplió 18 años el pasado 27 de agosto mientras se encontraba presa en una sede de la policía del Zulia, tras ser capturada 11 días antes en el fundo “Buena Esperanza”, en el municipio Caracciolo Parra de Mérida.
La adolescente, que estudia segundo año de Medicina Integral, forma parte de un colectivo campesino de mujeres que exigía el rescate del predio improductivo (tiene 87 reses en más de 1 mil hectáreas) y a pesar de su minoría de edad, fue procesada como adulta.
La acusaron, con otras 10, de abigeato e invasión y salieron en libertad con una medida de presentación tomada por una juez de Santa Bárbara del Zulia que ratificó este último delito, pese a que el TSJ en 2011 había desaplicado el mismo cuando se tratara de conflictos agrarios.
Ella es nieta de un peón de la hacienda que nunca pudo obtener un pedazo de tierra donde sembrar. Lo mismo ocurre con su compañeras de lucha.
La historia no es única y se repite, con cambios de nombres y paisaje, en muchos lugares del país: hay un ofensiva contra los campesinos que buscan rescatar tierras para producir alimentos tal como lo establece la Ley de Tierras creada por el comandante Chávez en 2001.
Los nombres de hatos y fundos como Gavilán-La Chaqueta (en Barinas), El Arca y Garzón (en Portuguesa) y La Magdalena (en Mérida) son algunos de los espacios donde, tal como lo advertía el presidente Nicolás Maduro, han ocurrido atropellos y desalojos de campesinos.
En las acciones, impulsadas por grandes propietarios, participan funcionarios del INTI, fiscales del MP y jueces en complicidad con miembros de cuerpos policiales y militares. La ANC tiene la tarea de investigar lo que está pasando por mandato del presidente.
