Tinta cruda
Alfredo Carquez Saavedra
El pasado 29 de agosto se cumplieron 44 años del ejecútese, puesto por el entonces presidente Carlos Andrés, a la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, instrumento legal que entró en vigencia el 1 de enero de 1976 y que en la opinión pública se popularizó como Ley de Nacionalización Petrolera.
Si bien en el país hubo sectores históricos que aspiraban llegar a ese momento, la nacionalización del sector sucedió casi que de sorpresa -al punto en que no fue parte de los temas que dominaron los debates políticos durante la campaña electoral llevada a cabo en 1973- pues la iniciativa partió de la boca de los presidentes de las dos mayores empresas transnacionales presentes en el país en ese momento (Shell de Venezuela y Creole Petroleum Corporation), al salir de una visita protocolar al entonces presidente Rafael Caldera, con motivo de fin de año.
Una vez aceptado ir por ese camino, la discusión más ardua giró en torno al artículo 5to de la mencionada ley. Algunos sectores pensaban que en la redacción del mismo se dejaba una puerta franca para que la compañías extranjeras siguieran protegiendo sus intereses y ejerciendo su poder en el sector, en favor de las empresas foráneas y de los grandes países industrializados. La historia nos dice que estas voces estaban cargadas de verdad pues fue precisamente por ahí por donde se coló la Apertura Petrolera.
Otro de los debates que surgieron tras la nacionalización de este sector estuvo relacionado con la supuesta necesidad de llevar a cabo -por intermedio de Petróleos de Venezuela- grandes inversiones en el exterior como estrategia para asegurar la colocación de la producción de hidrocarburos, especialmente de crudo pesado. Frente a esa tesis surgió la propuesta de la internalización que apuntaba a invertir los recursos obtenidos por la exportación del oro negro en el país para desarrollar la industria nacional de derivados del petróleo y el gas, tal y como lo previó el Presidente Isaías Medina Angarita en la Ley de Hidrocarburos de 1943.
Como se sabe, en este asunto triunfó la postura de quienes veían en la compra de activos en el extranjero una manera de debilitar al Fisco Nacional con miras a lograr el fin último que era la privatización de la empresa estatal, Pdvsa. Así, pese a las advertencias de algunos, se fraguó, por ejemplo, la compra de Citgo Petroleum Corporatión. Compañía que terminó convirtiéndose en un rehén en tierras ajenas y que al final cayó en manos de piratas y filibusteros al servicio de Donal Trump.
