Por: Alberto Aranguibel
La sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, dictada por un tribunal írrito, viciado de corrupción, tráfico de influencias e inconstitucionalidad, como ella misma lo ha demostrado ampliamente en sus alegatos, con los que asumió personalmente su defensa; revela la fragilidad en que los sectores más reaccionarios de la ultraderecha han colocado al Estado de Derecho en Latinoamérica, desde que se montara en 2008 aquel bodrio jurídico contra Fernando Lugo, en Paraguay, a quien se le aplicó exactamente el mismo formato de enjuiciamiento por causas infundadas surgidas del ámbito político en connivencia con los medios de comunicación de la derecha, y se continuó con el golpe institucional contra Dilma Rousseff, en Brasil, y las eternas persecuciones judiciales contra Lula da Silva, Evo Morales, en Bolivia, y Rafael Correa, en Ecuador, además de la larga lista de exfuncionarios que de alguna manera se desempeñaron en cada una de sus gestiones de gobierno, perseguidos o encarcelados de la misma forma.
La institucionalización del terror y la represión judicial como mecanismo para exterminar a los sectores progresistas y apuntalar el modelo neoliberal capitalista en el continente, es probablemente el más grande atentado perpetrado jamás contra la democracia en toda Suramérica; porque además del abominable acto de injusticia que se comete contra luchadores y líderes populares por el solo hecho de no plegarse a la inhumana y entreguista lógica de una derecha carcomida por el afán de servilismo al imperio norteamericano y a la fatua ilusión del libre mercado; lo que se está es socavando la base y esencia misma del sistema que ha imperado en el mundo desde que la humanidad aprendió a organizarse en colectivo.
No se está condenando a una mujer, ni a una líder política de determinada corriente ideológica. Ni mucho menos a una delincuente como la han querido presentar los mafiosos del poder judicial argentino.
Están acabando con el modelo democrático que consagra, como norma, la legítima supremacía de la voluntad popular mayoritaria; porque se saben sin razón y sin apoyo de los pueblos.
Pero, muy fundamentalmente, porque el capitalismo se basa de manera doctrinaria en el exterminio del contrario, del competidor, del que piense de alguna manera distinto. La sentencia contra Cristina es sólo una muestra más de ese dogma.
