Pedro Alliana, hasta este viernes vicepresidente de Paraguay, juró ante el Congreso como nuevo presidente de la República minutos después de que Santiago Peña fuera destituido en un juicio político. La sucesión se produjo en medio de la crisis social desatada por el cierre de Ueno Bank, entidad vinculada al mandatario saliente, y dejó al país ante un cambio de mando que, más que cerrar el conflicto, abre una nueva etapa de incertidumbre política.
El Senado votó la destitución de Peña con 44 votos a favor. El hasta ahora presidente fue declarado culpable, en ausencia, en un juicio político por sus vínculos con Ueno. Durante su gestión, la entidad recibió millonarios fondos de instituciones estatales, un elemento que quedó en el centro de la crisis y que la oposición considera incompatible con la permanencia de Peña en el poder.
La ruta de Alliana quedó despejada el jueves, cuando la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de abrir un juicio político contra él. Con ese antecedente, el vicepresidente —compañero de fórmula de Peña por el Partido Colorado en las elecciones generales de 2023— asumió la Presidencia con el objetivo declarado de completar el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.
Sucesión en tiempo récord
La secuencia de las últimas horas —destitución de Peña, juramento de Alliana y rechazo del juicio político al sucesor— concentró en pocos días una disputa que excede el ámbito parlamentario. La crisis por Ueno Bank instaló en la calle y en el sistema político una pregunta de fondo: si el cambio de presidente alcanza para restablecer la confianza pública o si solo traslada el problema de nombre.
Para los gobernantes actuales, la sucesión constitucional permite preservar la continuidad institucional y evitar un vacío de poder. Para la oposición, en cambio, el rápido relevo no borra las responsabilidades políticas del nuevo mandatario. Desde ese sector exigen que Alliana también sea sometido a juicio político por “blindaje político y omisión”, entre otras acusaciones. El pedido anticipa que su Gobierno nace con una legitimidad de origen cuestionada y con una agenda parlamentaria bajo permanente fiscalización.
La sombra de Ueno
El cierre de Ueno Bank no es un telón de fondo: es el epicentro de la tormenta. La entidad estuvo vinculada a Peña y recibió fondos millonarios de instituciones estatales durante su administración, según la información que precipitó el juicio político. Ese vínculo explica por qué la crisis social no se agota con la salida del presidente destituido. Alliana hereda la emergencia financiera, la desconfianza de los afectados y la necesidad de explicar cómo se administraron esos recursos.
El nuevo presidente tendrá que gobernar con dos relojes simultáneos. Uno, el institucional: completar el periodo hasta 2028 y sostener la gobernabilidad con un Congreso que acaba de mostrar su capacidad de remover a un mandatario en horas. Otro, el social: contener el malestar por el cierre del banco y evitar que la crisis económica se transforme en una crisis de legitimidad más amplia.
El desafío de Alliana
Alliana no llega como un actor externo. Fue vicepresidente de Peña y su compañero de fórmula en 2023. Esa cercanía le permitió acceder al poder, pero también lo expone a la principal objeción opositora: que su Gobierno sea una continuidad sin autocrítica del peñaísmo. Su margen de maniobra dependerá de que logre marcar distancia en la gestión de Ueno, colaborar con las investigaciones y evitar que el rechazo del juicio político en Diputados sea leído como un blindaje anticipado.
La oposición ya dejó claro que no piensa darle una luna de miel. Si el nuevo Gobierno no responde con transparencia sobre los fondos estatales que recibió Ueno y no ofrece una salida verificable a la crisis social, la exigencia de juicio político podría crecer y convertir cada sesión del Congreso en un nuevo examen de supervivencia.
Paraguay cambió de presidente este viernes. Lo que no cambió, por ahora, es la crisis que provocó la caída del anterior. Alliana tiene la oportunidad de administrar la transición y completar el mandato, pero su presidencia será juzgada menos por el juramento ante el Congreso que por su capacidad de demostrar que el relevo no es solo un cambio de nombre frente a la misma sombra.
