La élite que dirige Estados Unidos no tiene previsto bajar la presión extorsiva contra Venezuela hasta que logre el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario
Siempre se cita la frase del Che Guevara, “al imperialismo ni tantito así”, pero pareciera que es el imperialismo quien mejor la aplica. En el caso de Venezuela, Estados Unidos no para de exigir concesiones, muestras de buena voluntad, gestos de interés en negociar, pero no cede ni un milímetro en su ataque contra la soberanía nacional.
Esta actitud ha quedado demostrada una vez más con la renovación de la orden ejecutiva de Barack Obama que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Promulgada originalmente en 2015 por el afroblanqueado expresidente demócrata, ha sido luego ratificada cada año por él mismo y por sus sucesores, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.
Las esperanzas de que ese decreto presidencial pudiera quedar anulado se han disipado. La élite que dirige Estados Unidos, al margen del partido del presidente de turno, no tiene previsto bajar la presión extorsiva contra Venezuela hasta que logre el objetivo, largamente acariciado, de derrocar al gobierno revolucionario.
La orden ejecutiva de Obama, ha sido la base fundamental de la política de medidas coercitivas unilaterales y bloqueo; que han desplegado los gobiernos estadounidenses desde aquel año 2015.
El cerco alcanzó un pico entre 2017 y 2020, bajo el liderazgo del ultraconservador Trump, pero nadie debe olvidar que el decreto original fue del liberal Obama; y que el también moderado Biden ya lo ha ratificado tres veces, desde que asumió la presidencia en enero de 2021.
Este año, las posibilidades de que no fuera renovada la orden ejecutiva se afincaban en las negociaciones que han desarrollado Washington y Caracas en los últimos meses, que han traído consigo gestos como la licencia de operaciones de la empresa petrolera estadounidense Chevron y el retiro del apoyo al exdiputado Juan Guaidó en su ficción del gobierno interino. Pero a la hora de tomar la decisión, la disposición gubernamental fue renovada.
La amenaza real
Desde que fue aprobada por primera vez, en 2015, la orden ejecutiva ha sido calificada como desproporcionada; por analistas de geopolítica que ponen en la balanza las capacidades económicas y militares de los dos países.
Es aparentemente absurdo que un país pequeño, sin antecedentes de agresiones militares a terceros, y con grandes dificultades en su aparato productivo; pueda ser una amenaza para una de las superpotencias económicas y nucleares del planeta.
Sin embargo, declarar a un país como amenaza para su seguridad, ha sido un recurso de Estados Unidos para justificar agresiones, invasiones, bombardeos y toda clase de injerencias.
Por otro lado, en términos ideológicos y de geopolítica, ciertamente Venezuela ha sido un factor de cuestionamiento a la hegemonía estadounidense a partir de 1999, lo que hace comprensible que las cúpulas de esa nación se sientan amenazadas.
En efecto, bajo la conducción del comandante Hugo Chávez, Venezuela rompió el consenso que las oligarquías latinoamericanas y sus clases políticas afines habían suscrito para convertir al continente entero en un mercado para la compra de materias primas y mano de obra baratas, y para la venta de productos manufacturados caros para las empresas trasnacionales de capital estadounidense.
Con el apoyo de los otros gobiernos de la llamada Primera Ola Progresista, Chávez logró abrirle un boquete al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), retrasando así los planes estadounidenses para una nueva vuelta de tuerca en el dominio de su “patio trasero”.
Los presidentes estadounidenses cuyos mandatos coincidieron con el período de Chávez (Bill Clinton, George W. Bush y Obama) no aprobaron un decreto de esa naturaleza contra Venezuela, aunque sí ejercieron toda clase de presiones y se prestaron a jugadas igualmente destinadas a expulsar al comandante del poder, como el golpe de Estado de abril de 2002.
Cuando Chávez falleció, Washington esperaba que la Revolución venezolana se desplomara por la ausencia del líder fundamental, pero como eso no tenía visos de ocurrir, a mediados de la segunda década del siglo, optaron por una política más ofensiva e injerencista que se ha apoyado en la orden ejecutiva de Obama de 2015.
Argumentos tendenciosos e hipócritas
Los argumentos que se utilizan para justificar la renovación del decreto son tendenciosos, pues se habla de “la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitraria de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.
Todas esas acusaciones son repeticiones de las denuncias que partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación financiados por agencias y corporaciones de Estados Unidos han propagado durante años.
Buena parte de esas críticas al gobierno de Venezuela podrían ser aplicadas con mucha justicia al propio Estados Unidos y a muchos otros países de la región y del resto del mundo a los que Washington no considera, sin embargo, amenazantes de su seguridad, sino aliados confiables.
Tampoco está claro por qué tales supuestas faltas y delitos pueden configurar una amenaza para la seguridad nacional de un país como Estados Unidos. Queda claro que se trata de una ramplona excusa para no ceder “ni tantito así” en su estrategia de aplicar medidas coercitivas unilaterales, represalias basadas en leyes aplicadas extraterritorialmente, y actos genocidas de bloqueo.
