El diputado Julio Chávez explica las diferentes aristas de una industria de la que se benefician opositoresvenezolanos, ONG, empresas privadas y gobiernos de países receptores.
La migración venezolana se convirtió en un negocio tan lucrativo como el narcotráfico en Colombia porque un migrante nacional “se cotiza” más alto que los sirios o los ucranianos, afirmó el diputado Julio Chávez, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que Investiga los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos.
Cerca de 4 mil dólares pueden recibir los gobiernos de países receptores y las organizaciones no gubernamentales metidas en esta “industria” por cada venezolano.
Chávez cita una fuente de la organización Sures, registrada en un trabajo de Misión Verdad, en la que se indica que el gobierno de Iván Duque y las ONG recibieron 1300 millones de dólares para atender a los venezolanos y todo ese dinero se quedó en manos de los intermediarios.
“Algunas de esas ONG las montaron figuras de la oposición venezolana como Tomás Guanipa (el supuesto embajador del gobierno interino en Bogotá), quien luego la dejó a cargo de Eduardo Batistini, un funcionario que fue su secretario en una comisión de la AN”, explicó el diputado.
La comisión
El ente especial de la AN se creó luego de conocerse el caso de unos adolescentes venezolanos ejecutados en Colombia. “Hemos trabajado desde octubre de 2021, estudiando casos específicos y también ahondando en las causas de este fenómeno inducido que nos transformó en un país de emigrantes, cuando hasta hace pocos años habíamos sido una nación receptora de migraciones”, expuso Chávez.
Como fruto de esa investigación se determinó que en la operación destinada a impulsar la migración masiva fueron empleados los más modernos recursos de la neurociencia y todos los medios de comunicación convencionales y de nuevo cuño de América Latina. “Este ataque fue dirigido principalmente a la juventud, paralizándolos, sembrándoles el miedo, el odio y la desesperanza para estimularlos a irse del país”, subrayó.
Explicó que en la era de la AN en desacato y del llamado interinato, se desmanteló la institucionalidad diplomática de Venezuela en los países receptores. “Con la ausencia del Estado venezolano en esas naciones, se facilitó el acceso de estructuras privadas, como organizaciones no gubernamentales y empresas, que hicieron de los migrantes un jugoso negocio –apuntó-. Se privatizaron los servicios consulares que el Estado venezolano da de manera gratuita”.
Unas las aristas del negocio de las ONG y empresas privadas fue la captación de personas, especialmente mujeres jóvenes, mediante falsas promesas de trabajo en el área del modelaje, y que terminaron prostituyéndose forzosamente en zonas rosas, como la que montó la alcaldesa Claudia López para la alta sociedad bogotana. “Todo esto está recogido con testimonios y evidencias. No son recortes de prensa ni cuentos de camino”, aseguró el legislador.
“Tenemos informes de la ONG colombiana Progresar que dan cuenta de fosas comunes donde fueron sepultados migrantes venezolanos en la región de El Tibú, donde hay cerca de 40 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca. Allí fueron llevados campesinos venezolanos a trabajar bajo régimen de esclavitud, y los que se resistieron, fueron ejecutados”, añadió.
Chávez destacó que toda esta gran maniobra de alimentó del impacto socioeconómico que han tenido las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal de Estados Unidos. “Recordemos que un vocero del gobierno estadounidense pasado, Elliott Abrams, dijo, en una comparecencia oficial ante el Senado, que era necesario hacer cualquier esfuerzo para evitar que el modelo socialista venezolano tuviera éxito porque de ser así, ellos tendrían una grave amenaza para su seguridad. Por eso no han escatimado esfuerzos para destruirnos”, subrayó el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela.
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Otras formas de negocio
Puntualizó que aparte de lucrarse con el dinero aportado por la llamada “comunidad internacional” para atender a los migrantes, los promotores de este negocio también se han enriquecido explotando directamente a las personas que abandonaron el país, incluyendo a las que asumieron la locura de atravesar la selva del Darién y toda Centroamérica, para llegar a Estados Unidos.
“Es toda una organización delincuencial. Están los que promovieron la salida del país de miles de personas y también los que ofrecían paquetes para el viaje. Hasta se paraban en las plaza Bolívar de los pueblos para buscar potenciales migrantes. Otros se instalaron en los países receptores. Por ejemplo, Oscar Pérez, alias ‘Cabeza de Motor’, prominente líder opositor, dirige la ONG más importante de migrantes venezolanos en Perú –reveló-. Los gobiernos de derecha que participaron en la operación destinada a fomentar la migración masiva, luego clamaban por los recursos. Recordemos el desespero de Iván Duque y Sebastián Piñera porque les llenaran los bolsillos con dinero que era para ayudar a los migrantes venezolanos, pero que nunca les llegó”
Una perversa modalidad del negocio es no permitir que los migrantes regresen, tal como pasa con los que están en la frontera entre Chile y Perú. “Necesitan que estén allá, no importa en qué condiciones, porque cobran por cada migrante que se encuentra en sus países”, aseguró.
Entre las recomendaciones de la Comisión está sincerar la cifra de los venezolanos que se han ido del país. También una serie de cambios legislativos, incluyendo cinco nuevas leyes para evitar la trata de personas y para garantizar que quienes regresen encuentren oportunidades para reintegrarse a la actividad productiva; poblar y ocupar las zonas fronterizas; y actualizar los servicios consulares. Proponen también la creación de una Comisión Presidencial para hacerle seguimiento permanente al tema.
