Han pasado seis meses desde que Javier Milei, con su retórica y promesas de libertad económica, se instaló en la Casa Rosada. Sin embargo, la realidad es que su gestión se ha traducido en un brutal ajuste neoliberal que ha dejado a la Argentina en una situación de precariedad social sin precedentes.
El «tijeretazo» implementado en este primer lapso de su gobierno ha desencadenado una espiral de pobreza y desesperación que afecta a la gran mayoría de la población. La reducción de la inflación, celebrada por el gobierno como un triunfo, se ha logrado a costa del sacrificio de millones de argentinos que viven en la precariedad y la incertidumbre.
Según el informe de la Universidad Torcuato Di Tella, de Buenos Aires, la pobreza en Argentina afecta a 48,9 % de la población, lo que equivale a 29,4 millones de personas. En el periodo comprendido entre noviembre y abril pasados, el costo de la canasta básica total en la región de Buenos Aires y sus alrededores se disparó 265,3% interanual. A pesar de ello, los ingresos familiares solo aumentaron 196,1%.
Los recortes en políticas sociales han estrangulado los comedores populares, lo que deja a millones de personas sin acceso a los alimentos básicos. La población se ve obligada a elegir entre pagar el alquiler o comprar comida, con hasta 18% enfrentando esta decisión.
La actividad industrial ha sufrido una caída abrupta, similar a los niveles durante la pandemia. Empresarios como Walter, propietario de una empresa de vidrio, se ven al borde del colapso ante los gastos fijos insostenibles. Milei defiende su plan económico con el argumento de la reducción de la inflación, pero la realidad es que el contexto socioeconómico de la mayoría de los argentinos ha empeorado en tan solo un semestre de gobierno.
La situación de los jubilados se ha deteriorado significativamente. En junio de 2024, la jubilación mínima alcanzó un valor equivalente a 276 932 pesos argentinos, lo que representa una caída real de 17,5% con respecto a junio de 2023. En comparación con diciembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, la jubilación mínima ha caído 9% en términos reales.
El panorama para los trabajadores no es más alentador. En mayo de 2024 el salario mínimo se ubicó en 234 315 pesos argentinos, valor que significa una caída real de 29% respecto al mismo mes del año anterior, y de 15% en comparación con diciembre de 2023.
Milei ha conseguido, además, una evidente desaprobación de su gestión, con encuestas que muestran más de 50% de rechazo hacia su gobierno.
Las críticas se han intensificado después del escándalo de los miles de toneladas de alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano —sustituto del Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— destinadas a comedores populares, y el pago de sobresueldos en ese organismo.
El sociólogo argentino Luis Alberto Quevedo, consultado por Página 12, señala que las consecuencias negativas del «tijeretazo» no son un efecto colateral sino parte de la estrategia de Milei.
«Todo el alarde que hizo de la motosierra y la licuadora, lo que hizo con los salarios, las jubilaciones, el recorte del Estado y el cierre de áreas, todo eso me parece una tragedia. Pero desde su punto de vista es un éxito porque es parte de su plan económico«, afirma.
Quevedo anticipa que el gobierno seguirá utilizando la narrativa de la reducción de la inflación como bandera de victoria, sin importar el sufrimiento que la misma genere en la población.
La realidad que se vive en Argentina bajo el gobierno de Milei, es un preámbulo de lo que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pretenden para Venezuela con su plan «Tierra de Gracia». Como se mencionó en un análisis previo, la propuesta opositora, sin ambages, replica el modelo neoliberal que ha traído consecuencias desastrosas a Argentina, con una clara intención de replicar esas políticas de ajuste fiscal, eliminación de programas sociales y privatización de sectores estratégicos.
La erradicación de subsidios y programas sociales, la búsqueda de financiamiento internacional que podría hipotecar la política financiera del país y, en particular, la idea de privatización de empresas y activos públicos, especialmente la industria petrolera y gasífera, constituyen una receta similar a la aplicada al pueblo argentino con las respectivas repercusiones devastadoras.
El plan de María Corina Machado y Edmundo González, en su búsqueda de emular el modelo susodicho, no solo ignora la realidad venezolana, sino que también revela una profunda desvinculación con los intereses de la población. Es, en esencia, un proyecto de subordinación económica y política que busca la perpetuación de un modelo de saqueo y explotación de los recursos estratégicos de la nación.
