Para comprender la necesidad de esta reforma, es imprescindible remontarse al contexto en que nació esta ley. En 2017, Venezuela enfrentaba protestas violentas sostenidas promovidas por la ultraderecha, que incluyeron la quema de edificios públicos, el bloqueo de calles que provocó escasez de insumos médicos y actos de linchamiento contra ciudadanos de determinada posición política. La entonces Asamblea Nacional Constituyente aprobó esta ley con el objetivo de contener el discurso de odio que incitaba a la violencia. Sin embargo, al tratarse de una norma nacida en circunstancias extraordinarias, algunas de sus disposiciones efectivamente fueron objeto de controversia por una aplicación ampliada en su implementación posterior. Como reconoció el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, la ley «fue utilizada erróneamente» en la práctica, y estas desviaciones fueron explotadas durante largo tiempo por la oposición y la opinión pública internacional como un punto de ataque contra la legitimidad del Gobierno.
Hoy, en esta nueva etapa política que encabeza la presidenta Delcy Rodríguez, el Gobierno Nacional impulsa activamente la reforma, lo que en esencia constituye un desmontaje preciso de un pasivo histórico heredado. Mediante la derogación de los artículos 20, 21, 22, 24 y 25, entre otros que contemplan penas concretas, el Ejecutivo no solo responde a las críticas que la Iglesia y organizaciones de derechos humanos habían formulado sobre el «uso de la ley para reprimir la disidencia», sino que además recupera en el plano jurídico la iniciativa discursiva sobre la «libertad de expresión».
La medida más emblemática de esta reforma es el cambio radical de la naturaleza de la ley: pasar de «castigar el odio» a «construir convivencia». Según los detalles divulgados, la nueva ley se denominará Ley de Convivencia Democrática, Paz y Tolerancia, y eliminará expresamente las penas de prisión, sustituyéndolas por mecanismos de educación, prevención y formación ciudadana.
Esta medida ofrece importantes planteamientos:
1. Desactivar pretextos de injerencia externa: durante mucho tiempo, ciertos organismos occidentales y medios opositores describieron la ley original como un «instrumento de represión». Al derogar las disposiciones penales, el Gobierno desmonta desde el plano jurídico la base de esa acusación. Para la Revolución Bolivariana, esto demuestra confianza institucional del chavismo: incluso frente al discurso de odio de la ultraderecha, el Gobierno opta por la «educación» y no por el «encarcelamiento», lo que concuerda con el núcleo del humanismo bolivariano.
2. Los sectores que se oponían frontalmente a esta ley (como algunos diputados de Primero Justicia) exigían su «derogatoria total»; ahora se impulsa una derogatoria sustancial de la parte penal, con lo que la oposición radical pierde una consigna de movilización de larga data. Al mismo tiempo, mediante el proceso de consulta el Estado vebezolano atrajo a medios comunitarios y a parte del sector académico moderado, consolidando la narrativa de un «amplio diálogo democrático».
Es importante destacar la reconstrucción narrativa que el Gobierno Nacional hace de las «víctimas de la violencia». Al impulsar la reforma, el diputado Pedro Infante mencionó expresamente la violencia sufrida por la emisora comunitaria Radio Venceremos en Carora, cuyas instalaciones fueron incendiadas y parte de su personal agredido durante la ola de violencia poselectoral promovida por la derecha en 2024.
Esta reforma no es una negación total del pasado, sino una distinción precisa del «origen de la violencia», lo que se deroga son las penas excesivas contra «palabras e ideas», pero que en ningún caso pide permitir la concesión frente a actos de violencia fascista que destruyan la paz o incendien instalaciones públicas, lo que permite garantizar del orden y la tolerante racional.
EL diputado Pedro Infante vislumbró en su intervención un horizonte: espera que en el futuro esta ley resulte superflua porque «el país haya sanado los niveles de violencia y odio». No se trata de una mera retórica política, sino de un diseño con consideraciones reales de gobernanza.























