El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha denunciado que la falsa narrativa sobre la existencia de integrantes del Tren de Aragua en Estados Unidos fue promovida por sectores extremistas con el objetivo de estigmatizar a los migrantes venezolanos.
María Corina Machado, Juan Guaidó y Leopoldo López, son los responsables del atropello a migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a El Salvador, donde fueron ingresados en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT). Así lo ha denunciado el Gobierno venezolano, que continúa desenmascarando las maniobras de la ultraderecha para desprestigiar al país.
Por su parte, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha acusado a estos líderes opositores de estar involucrados en una red de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. En esta trama también estarían implicados Carlos Vecchio, Miguel Pizarro y David Smolansky.
Cabello destacó que la ultraderecha ha convertido la migración en un negocio, aprovechándose de las dificultades económicas que enfrentan muchos venezolanos como consecuencia del bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos y sus aliados.
El Gobierno Nacional ha reiterado en múltiples ocasiones que la banda del Tren de Aragua fue combatida y desarticulada en el país, desmintiendo así las falsas acusaciones que buscan vincular a Venezuela con actividades delictivas en el exterior.
Este domingo, el Ejecutivo venezolano rechazó de manera firme y contundente la decisión del gobierno de Estados Unidos de aplicar una normativa del año 1798, conocida como Ley del Enemigo Extranjero, que criminaliza a los migrantes y facilita su expulsión. Esta medida, considerada un abuso de poder por diversas organizaciones humanitarias, fue ejecutada por la administración de Trump, que trasladó a 238 migrantes de varias nacionalidades, incluyendo venezolano, a El Salvador, a pesar de que un juez federal estadounidense ordenó suspender de inmediato las deportaciones basadas en esta polémica ley.
El Gobierno Bolivariano reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes venezolanos, al tiempo que denuncia las acciones injerencistas y las campañas de desprestigio impulsadas por la ultraderecha internacional contra Venezuela.
