Una delegación de jóvenes migrantes venezolanos secuestrados y retenidos ilegalmente durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, compareció este miércoles en el Palacio de las Naciones de Ginebra para denunciar públicamente los abusos y agresiones sufridos, los cuales atribuyen a órdenes directas del Gobierno del presidente Nayib Bukele y a las acciones de autoridades estadounidenses.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el vocero Arturo Suárez, en representación de los 252 migrantes afectados, relató con detalle cómo fueron detenidos de forma arbitraria por autoridades de ambos países, sometidos a torturas y víctimas de desaparición forzada.
«En ningún momento se nos informó del delito por el que se nos detenía. Se nos negó el derecho más básico a la defensa y a la comunicación, no se nos permitió tener contacto con abogados o con nuestros familiares», declaró Suárez ante los medios presentes.
El representante destacó la gravedad de los tratos inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos, los cuales calificó como «graves violaciones de derechos humanos» que deben ser condenadas por la comunidad internacional. Asimismo, expresó su profunda decepción por el silencio inicial de la ONU ante su caso: «Ante todos estos hechos, la ONU nunca se pronunció respecto a la situación de nuestros connacionales».
En nombre de los 252 migrantes y sus familias, la delegación realizó un enérgico llamado a la organización multilateral para que emita un «pronunciamiento firme que condene el ilegal proceder del Gobierno salvadoreño y exija el cese de cualquier medida que ponga en riesgo la libertad y los derechos humanos de los migrantes venezolanos».
Suárez finalizó su intervención con una clara reivindicación: «Migrar no es un delito».
