Una aclaratoria necesaria, por los antecedentes de los favorecidos
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática anula, en el plano jurídico, los delitos (aún presuntos o ya comprobados) de naturaleza política y conexos, desde 1999 hasta los más recientes. Pero no hace que esos tipos punibles dejen de existir en nuestras leyes penales permanentes. Esto significa que quien, de ahora en adelante, incurra en actos de violencia similares, deberá ser procesado y eventualmente castigado.
Esta advertencia puede parecer innecesaria, pero no lo es. La ley, recientemente aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional, tiene dos componentes: el perdón por los hechos ya ocurridos; y el compromiso de no repetición de ellos.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en un encuentro con las víctimas en el palacio de Miraflores, fue muy transparente sobre este aspecto. Dijo que el amplio perdón que otorga el instrumento jurídico no autoriza a nadie a violar las leyes penales que siguen en vigencia. Tampoco se permitirá quebrantar el espíritu de convivencia democrática que la ley persigue.
Preocupa bastante la afirmación hecha por Rodríguez, sobre la existencia de planes del extremismo para reincidir en conductas transgresoras del orden democrático y la paz nacional. Explicó que, si resulta necesario, revelará esas tramas para que sea el país quien las juzgue y cuestione.
La jefa encargada del Estado subrayó que algunos sectores políticos le están dando una lectura errada a lo ocurrido la madrugada del tercer día de 2026. Pretenden hacer ver que son los ganadores de ese episodio. “El 3 de enero perdimos todas y todos, no hubo ganadores en Venezuela”, sentenció la presidenta encargada.
El contexto político
El proyecto lo planteó la presidenta encargada, originalmente el 30 de enero, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, durante su discurso en el acto de inicio del año judicial 2026. La Asamblea Nacional, el órgano que tiene la atribución constitucional de decretar amnistías, le tomó la palabra y aprobó la ley en cuestión de 20 días.
Tras ser sancionada, la ley ha tenido efectos inmediatos que han desactivado —hasta ahora— los planes de los grupos extremistas de hacer cundir los recelos entre los potenciales favorecidos y sus familiares.
Los dirigentes que se han asumido como exiliados políticos, buena parte de ellos prófugos de la justicia venezolana, se han visto enfrentados a un auténtico dilema: pueden optar a los beneficios de la ley, pero para ello deberán reconocer la autoridad de los poderes envueltos en los procesos de la amnistía: el Ejecutivo, que la propuso; el Legislativo, que la aprobó; y las dos ramas del sistema de justicia: Poder Ciudadano (a través del Ministerio Público) y Poder Judicial.
Con las modificaciones acordadas del artículo 7 (propuestas por la oposición y aceptadas por la mayoritaria bancada gubernamental), los abogados de esos ciudadanos pueden tramitar la amnistía, de modo que no serán detenidos al llegar al país. Pero, aun con ese mecanismo indirecto, estarán acatando una normativa del Poder Público nacional.
Lo ocurrido en la AN para aprobar la ley es un gesto significativo. El sector opositor tiene tan solo 29 escaños, frente a más de 250 del chavismo, pero recibió el trato que le correspondería a una fuerza política mucho mayor.
Contexto geopolítico
El ataque del 3-E y la serie de eventos posteriores evidencian una nueva configuración geopolítica. Sorpresivamente el chavismo, contra quien se dirigió el plan de decapitación, ha conseguido hacer frente a la coyuntura, con la ayuda de los factores democráticos de la oposición. En tanto, la ultraderecha, que clamó por la invasión y la ha aplaudido, ha quedado paralizada y en la retaguardia.
El movimiento bolivariano ha logrado responder con diplomacia de paz y mediante posturas unitarias ante un ataque que estaba claramente dirigido a provocar una espiral de guerra, generar divisiones y huidas. La presidenta encargada y los demás integrantes del alto mando político, han conseguido mantener la cohesión y activar a la militancia ante el nuevo escenario, en el que hay tantos desafíos pendientes.
El futuro complejo
La aprobación unánime en la esfera parlamentaria no indica que la ley no tenga oposición. Hay individualidades, partidos, ONG y medios de comunicación empeñados en boicotear, en socavar el apoyo dado al instrumento legal.
Eso no toma por sorpresa a casi nadie, porque bien se sabe que hay proyectos políticos que necesitan de la violencia y la división para mantenerse en vigor.
Por otro lado, las personas que han protagonizado los hechos cubiertos por la amnistía (procesados, condenados, víctimas y familiares de todos estos), tienen por delante grandes esfuerzos que hacer. Muchas de las heridas de estos acontecimientos no han sanado o presentan precarias cicatrices que pueden reabrirse por cualquier motivo. Comienza un tiempo complejo tanto para los beneficiados como para los que sufrieron pérdidas en los hechos de violencia.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó que ella misma ha tenido que demostrar extremada tolerancia, para sentarse a dialogar con los verdugos de su padre, Jorge Rodríguez, asesinado en 1976 en un calabozo de la policía política, y también con los secuestradores del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. Ha predicado con el ejemplo, algo que solo hacen los grandes líderes.
