Tema clave para atender una de las demandas más sentidas del país
Está en marcha la consulta nacional para la reforma de la justicia penal. Es una de las noticias más esperanzadoras de estos tiempos convulsos.
Los cambios en este ámbito fundamental de la democracia son una de las demandas más sentidas del país, especialmente de los sectores populares, pues la lamentable realidad es que el sistema de justicia penal sigue siendo un ámbito en el que los más vulnerables llevan siempre las de perder.
A pesar de los profundos cambios que trajo consigo la Constitución Nacional Bolivariana, aprobada en 1999 por referendo popular, pocos avances se han logrado en 27 años. Los grandes esfuerzos realizados por el comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro y muchos dirigentes y funcionarios a lo largo del siglo no han resultado suficientes para que la justicia penal deje de estar infectada de clasismo, racismo y otros perversos sesgos.
La reforma que ahora es objeto de deliberación popular pretende desmontar las estructuras corruptas que se las han arreglado para sobrevivir y fortalecerse.
No es tarea fácil, pues los poderosos intereses que se mueven alrededor de la administración de justicia tienen la capacidad económica para corromper o coaccionar a cada uno de sus componentes. Las organizaciones mafiosas que se lucran de tales modalidades delictivas tienen una gran habilidad para mutar y eludir cualquier medida de control. Es ese talento mañoso para adaptarse el que les permitió a las tribus judiciales que carcomieron hasta sus cimientos al Poder Judicial de la IV República, volver a reinar con diferentes rostros en los tiempos revolucionarios.
El retardo como fórmula
La corrupción judicial tiene diversos mecanismos de perpetuación. Uno de ellos es el retardo procesal. Los juicios que se prolongan por meses y años son una invitación abierta a que las partes involucradas paguen coimas. Esto funciona así en todas las ramas judiciales, pero el retardo es especialmente perverso en el campo penal, pues el bien jurídico comprometido es la libertad de las personas. Cuando un proceso judicial penal se estanca, hay ciudadanos presos o con medidas restrictivas que cumplen penas sin haber sido condenados o que las siguen cumpliendo cuando ya deberían estar en libertad.
El retardo no siempre responde al negocio de las organizaciones gangsteriles enquistadas en los órganos del sistema de justicia. También es parte de un fenómeno generalizado de los organismos públicos: el pesado ritmo de la burocracia, que contamina todos los niveles del Estado y todos sus poderes. Por supuesto que los corruptos se aprovechan de las trabas y el exceso de trámites, pero en muchos sentidos, esa lentitud paquidérmica opera por sí sola como factor que deniega la justicia.
Una de las respuestas al retardo procesal es de tipo material. Consiste en incorporar los equipos y la tecnología de vanguardia en este campo y capacitar al personal encargado de operarlos. En esto ha habido avances, pero, obviamente, no han sido suficientes.
Mecanismos alternativos
Otro de los aspectos que está sometido a la consideración colectiva en este contexto de la reforma judicial penal es el de los mecanismos alternativos. La idea es dotar a la sociedad de un conjunto de opciones para que una parte importante de los casos no tenga que llegar a tribunales penales.
En este sentido, es importante el rol que están desempeñando los y las jueces de paz, figuras que ya acumulan importante recorrido en el país, pero que se han consolidado tras la elección a escala nacional que se realizó el año pasado. En este nivel se pueden resolver muchos asuntos, mediante los esfuerzos de mediación y sanciones acordes al tipo de controversias ventiladas.
La consulta en sí: un gran primer paso
Someter la reforma a una consulta general es un gran primer paso hacia un mejor sistema judicial penal. Lo es porque los términos debatidos por todos los sectores e individualidades con interés en el tema han de ser mucho mejores que las típicas normativas pensadas y aprobadas en conciliábulos. De estas últimas hemos tenido ya muchos lamentables ejemplos.
Y es que si se deja que los cambios en un área tan delicada sean propuestos y aprobados solamente por los mismos factores que controlan el sistema vigente (grupos de poder fáctico, grandes bufetes, funcionarios, académicos y directivos de ONG enviciados), estos se encargarán de que sea una reforma gatopardiana: que cambien unas cuantas cosas para que nada cambie.
La participación directa de las comunidades, de profesionales del Derecho con sentido ético, de víctimas y familiares de estas, de docentes y estudiantes universitarios, será la garantía de que la reforma no terminará castrada antes de aprobarse.
Importante antecedente para esta actividad ha sido el trabajo desarrollado por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, puesto en marcha de manera paralela a la Ley de Amnistía. En el crisol de esa iniciativa gubernamental se ha llevado a cabo un complejo, pero fructífero debate acerca de los derechos humanos, la libertad, el respeto a la Ley y el peligro de la impunidad. Esos insumos serán muy útiles en las deliberaciones sobre la justicia penal.
