Francia enfrentó este 7 de noviembre su cuarto sábado consecutivo de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales, movimientos juveniles y ‘chalecos amarillos’, en una jornada que, según medios locales, transcurrió en calma y con un ambiente distendido en la mayoría de las ciudades, a pesar de las advertencias de seguridad que el Gobierno había lanzado antes del inicio de las protestas.
Las principales manifestaciones se desarrollaron en Marsella, París, Lyon, Lille y otras ciudades importantes. Las marchas fueron autorizadas por las prefecturas, aunque en algunas localidades se registraron momentos de tensión entre participantes y fuerzas de seguridad. El contraste entre la tónica general y los episodios aislados resume el pulso de una protesta que llega a su cuarta semana sin la virulencia de octubre, pero también sin señales de agotamiento.
El dispositivo y la advertencia
Antes del inicio de las movilizaciones, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había anunciado el despliegue de aproximadamente 70.000 policías y gendarmes en todo el país. En una conferencia de prensa en París, el titular de la cartera informó que las autoridades habían detectado en redes sociales llamados “a la violencia contra las fuerzas de seguridad interior”, “edificios públicos” y “comercios” con “saqueos”.
“Por lo tanto, el riesgo es exactamente el mismo que para los sábados anteriores”, estimó Nuñez, quien advirtió: “Si hubiera vándalos y saqueadores, […] los esperaríamos con firmeza”. En ese contexto, los prefectos adoptaron decretos de prohibición de manifestación en los centros de las ciudades y el dispositivo de seguridad fue renovado para este cuarto sábado de movilización nacional. “Evidentemente, los centros urbanos serán protegidos sistemáticamente”, había explicado el ministro antes del inicio de las protestas.
La estrategia oficial combina tolerancia con las marchas autorizadas y mano dura contra lo que el Gobierno considera radicalidad organizada. Es un equilibrio delicado: prohibir en los centros urbanos mientras se permite marchar en otras zonas busca evitar los saqueos y los enfrentamientos que marcaron las protestas de octubre, pero también expone al Ejecutivo a la crítica de limitar el derecho a manifestarse. Por ahora, el resultado ha sido una jornada menos conflictiva que las anteriores.
La crisis de fondo
Las masivas protestas previas de octubre contra el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos estuvieron marcadas por episodios de violencia. Aunque muchos marcharon pacíficamente, grupos de encapuchados se enfrentaron a la Policía, incendiaron vehículos y saquearon comercios. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Ese repertorio de confrontación no desapareció este sábado, pero quedó relegado a episodios localizados.
La calma relativa de esta cuarta jornada admite varias lecturas. Para el Gobierno, confirma que el despliegue masivo y las prohibiciones preventivas funcionan como disuasión. Para los convocantes, demuestra que el movimiento puede sostener una protesta prolongada sin caer en la violencia que deslegitima sus demandas. Y para ambos, deja una incógnita: si la menor intensidad responde a una desescalada real o al cansancio de una sociedad que sigue enfrentando las mismas condiciones que originaron las marchas.
La calma armada no es paz social; es una tregua que puede romperse en cualquier momento.
