La Guardia Civil Española efectuó la detención de 14 personas, la mayoría altos cargos del Gobierno catalán y realizó el allanamiento de más de 40 organismos, empresas y domicilios privados, en búsqueda de documentación relacionada con el referendo que se realizará el próximo 1 de octubre.
El presidente español Mariano Rajoy, afirmó que días antes de iniciar las detenciones que: «Saben que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal o legítimo, ahora no es más que una quimera, la excusa para ahondar aún más la fractura en la sociedad catalana. Renuncien de una vez a la escalada de radicalidad y desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores»
El jefe del Ejecutivo español también ha recordado al Gobierno catalán que «hace unos días» les dijo que «no fallaría al cumplir» su deber. «España es un Estado democrático y de derecho. Tiene los mecanismos para impedir que se infrinjan las normas de la democracia y pongan en riesgo la convivencia», ha añadido Rajoy, que también ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Días después de estas declaraciones comenzaron las persecuciones contra los miembros los partidos catalanes, entre entre los apresados se encuentran Joseo María Jové Llado, secretario general del Departamento de Vicepresindencia y de Economía y Hacienda de Cataluña, Josue Sallent Rivas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Xavier Puig farré de la Consejería de Asuntos Sociales y Familias y Josep M. Salvado Tenesa de la Consejería de Economía y Hacienda, entre otros, reseñó AVN.
Ante estas detenciones, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado a los detenidos como «presos políticos». «Yo creo que no es sensato que en un país democrático haya presos políticos. Ante esto, cargos públicos debemos dar una respuesta llamando a la convivencia, al diálogo, a la sensatez, y exigir que en nuestra democracia no se puedan suspender los derechos civiles»,agregó Iglesias.
Mientras tanto aumenta las manifestaciones en las cercanías de sede de la Consejería de Economía contra los registros en edificios gubernamentales y las detenciones.
