Por: José Gregorio Linares
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La sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y la subsiguiente acción para enfrentar el dolor de los que padecen es una condición de los verdaderos líderes políticos del pueblo, en especial los dirigentes socialistas. Sin esto no se debe participar en el terreno de la política, mucho menos en el de la política socialista. En ese sentido, mucho es lo que el pueblo y sus voceros revolucionarios deben aprender de Antonio José de Sucre (1795-1830). La oligarquía destaca solo sus innegables proezas militares y oculta su programa de redención social. Es nuestro deber resaltar lo que los poderosos quieren esconder: su compasión por los desvalidos, su opción por quienes han sido despojados de sus bienes, su compromiso con la justicia social, y su impulso de la propiedad comunal. Para él “los principios del Gobierno están opuestos a toda especie de desigualdades entre los ciudadanos”.
En efecto, durante la Colonia y aún con la República, los indígenas eran víctimas de usurpadores que les arrebataban sus tierras comunales para convertirlas en latifundios privados, donde los obligaban a trabajar en calidad de siervos. Pues bien, Sucre se enfrentó a esta práctica inicua por cuanto son “los indígenas, esta parte originaria de nuestro pueblo, la más digna del goce de los beneficios de la independencia”. En ese sentido, prohibió la expropiación de tierras a los indígenas; se planteó el reparto de tierras entre los pueblos originarios, y el rescate de la propiedad comunal.
Afirmó la necesidad de acabar con el trabajo gratuito a que eran sometidos los indígenas. Impuso la práctica del pago del trabajo en dinero y para dar el ejemplo dictó la orden suprema (11-01-1825) de que “el soldado que tome a cualquier indio o lo ocupe, sea en lo que fuese, sin pagarle, será castigado con 200 palos”, enérgica medida que mostraba la decisión con que se quería aplicar el nuevo régimen de justicia en la producción.
Ordenó, que a los indígenas se les hiciera justicia en el reparto de predios: “que los gobernadores de los cantones formen un cómputo de las tierras de comunidad repartible entre ellos, para saber si después de dada a cada uno la cantidad de tierras quedan algunas sobrantes y cuántas son, para que el gobierno determine sobre ellas, bien haciendo alguna repartición o bien aplicándolas a establecimientos en beneficio de los mismos pueblos” (26 de noviembre de 1825).
Además, por ley del 27 de septiembre de 1826 señaló de manera terminante que la posesión daba lugar a la propiedad, de modo que “el indígena que quiera adquirir en perpetuidad los terrenos que hoy ocupa y otros baldíos, podrá pedirlos por escrito ante el Gobernador de su provincia”. La dotación de estos bienes raíces se haría sin ningún otro trámite burocrático y de forma absolutamente gratuita.
Pero lo más radical de la propuesta de Sucre tiene que ver con su proyecto de restitución a sus antiguos poseedores de la propiedad comunal indígena, suprimida o mediatizada desde la llegada de los españoles. De este modo la tierra dejaba de ser propiedad privada y volvía a ser propiedad colectiva. En ese sentido, Sucre expresa que “Los pueblos indios prefieren ser gobernados por el sistema anterior al de la constitución española”; en consecuencia, exigía el restablecimiento de “aquel sistema puesto que ellos lo desean” (12 de octubre de 1820).
Todo esto debía ir acompañado de un riguroso programa de formación de la conciencia de clase y de etnia por cuanto los pueblos indígenas habían sido sometidos a un proceso de colonización cultural e ideológica que los hacía dóciles frente al poder de la oligarquía: “su abyección en tres siglos de esclavitud los han sumergido en los males de que solo podrá sacarlos la protección del cuerpo legislativo, y la ejecución de las medidas y decretos del Gobierno en su favor y en el de su educación”.
Con la aplicación de estas medidas económicas y educativas Sucre se enfrentó a los detentadores de la gran propiedad, quienes hicieron todo lo posible por apartarlo del poder. Por estas razones, destaca Chávez, “le dieron un golpe de Estado, porque él estaba entregándoles tierras a los indios, a los pobres”.
Ahora que la Asamblea Nacional Constituyente se apresta a debatir el tema de la propiedad es oportuno recordar que es indispensable: 1) defender la pequeña y mediana propiedad; 2) combatir la gran propiedad y los monopolios que estrangulan la economía e impiden el desarrollo y la prosperidad, porque cartelizan la producción, la distribución y la comercialización; 3) auspiciar la propiedad Estatal de las industrias claves en la defensa integral de la Patria; y 4) impulsar, sobre todo, la propiedad comunitaria, piedra fundacional del socialismo bolivariano, uno de cuyos referentes principales es, sin duda, el Gran Mariscal de Ayacucho.
