Por Jonny Hidalgo
Hasta ahora, hemos asumido como algo normal que la Industria Nacional de Hidrocarburos (INH) sea administrada por un ente del Estado creado acorde al derecho privado, que funge como Casa Matriz (PDVSA) de empresas operadoras (filiales). De hecho, esta característica quedó consagrada en el Artículo 303 de nuestra Constitución.
Lograr la transformación de PDVSA y sus filiales, ha resultado muy difícil, porque no se cuestiona su naturaleza jurídica ni su arquitectura organizativa. Se desea el control de la organización más que su transformación. Preguntémonos ¿por qué existen docenas de filiales? ¿Cómo se representa la República en cada una de ellas? ¿Cómo se ejerce el Poder Popular en un ente del Estado concebido según el derecho privado?
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Cuando el Estado venezolano se preparaba para asumir la INH, no creó una Sociedad Anónima (derecho privado) sino un Instituto Autónomo (derecho público) denominado Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). Aquel instituto fue exitoso en sus actividades de petróleo y gas, por lo que fue objeto de ataques de actores internacionales y de la oligarquía criolla. Durante el proceso de nacionalización de 1975, la CVP fue convertida en Sociedad Anónima, adjudicándosele un carácter mercantil. Toda su directiva fue sustituida de golpe para imponer una “visión de negocio” con la que se manejaría al petróleo como una mercancía cualquiera. Esto representó un verdadero éxito para las transnacionales.
Se mantuvo la estructura de la INH que existía antes de la nacionalización. Cada concesionaria fue convertida en una filial de la recién creada PDVSA, las transnacionales formaron la “nueva” gerencia petrolera que mantuvo un exagerado afán por construir una corporación desvinculada del desarrollo nacional. Esa estructura solo fue modificada en 1998, para adaptarla a la Apertura Petrolera.
Hoy, la naturalización de la organización desnacionalizada de la INH ha impedido que adaptemos la estructura de PDVSA a la Revolución, que pensemos en el diseño de figuras jurídicas y arquitecturas organizativas que permitan maximizar la eficiencia y el control sobre ella, el transporte y el comercio exterior, superar el rentismo, la dependencia tecnológica o la relación desfavorable entre la remuneración del capital y la remuneración del trabajo.
Situaciones similares se repiten en otras Empresas del Estado. Así pues, concebir una mejor organización de la INH, y de la Administración Pública en general, es un desafío histórico para la Asamblea Nacional Constituyente.
