La alimentación no puede seguir bajo el control de los carteles privados, que son agentes políticos de la derecha nacional y foránea
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Por José Gregorio Linares
Se llama “motines de subsistencia” a las violentas sublevaciones populares causadas principalmente por la escasez, el desabastecimiento o la carestía de los alimentos. Es una forma de enfrentar el hambre y las múltiples secuelas que acarrea la falta de víveres o su encarecimiento desproporcionado. Son célebres los motines que se escenificaron en Europa y en América entre el siglo XVI y el XIX a propósito del acaparamiento de la harina y de la subida del precio del pan. En algunos casos las penurias eran causadas por las malas cosechas; pero en otros la responsabilidad directa es de las agrupaciones enemigas del Gobierno, que acaparaban los alimentos, monopolizaban su comercialización y subían los precios. Esto ocurrió, por ejemplo, durante la lucha por la independencia en Venezuela, cuando los panaderos y comerciantes canarios en apoyo al jefe realista, su paisano Domingo Monteverde, acapararon el trigo, ocultaron la harina y encarecieron el pan para boicotear la República.
Actualmente en Venezuela ocurre algo similar. El Estado se encontró con la perversión de que toda la cadena de la alimentación es manejada por carteles de comercialización privados, casi todos en manos de inmigrantes: la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos y Afines, (CAVIDEA), la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA), Consecomercio, Alimentos Polar, etc. En la actualidad estas asociaciones monopolistas manejan toda la red de distribución de alimentos, al mayor y al detal.
Haciendo uso de este poder deciden discrecionalmente los precios de los víveres, al margen de cualquier análisis económico e independientemente de la estructura real de costos. Así, cada vez que lo consideran políticamente provechoso, ocultan la mercancía o incrementan desproporcionadamente los precios: antes de las elecciones para crear malestar entre la población, después de cualquier derrota electoral de la derecha para castigar al pueblo, en tiempos de guarimba o de amenaza de invasión para debilitar el Estado y sus instituciones, etc.
El propósito de estos sicarios económicos nos es simplemente el lucro. Van más lejos. Se proponen: 1) destruir la autoestima de nuestro pueblo, que se percibe incapaz de adquirir los alimentos que necesita, y se siente impotente ante la situación; 2) crear conflictos domésticos para dividir las familias; 3) desarticular el tejido social y la alegría al dificultar que los venezolanos se reúnan para compartir, dados los altos costos de alimentos y bebidas; 4) erradicar la cultura de la comunión de nuestro pueblo y suplantarla por el individualismo exacerbado y la insensibilidad ante el dolor ajeno; 5) centrar la atención en las necesidades materiales para que no tengamos tiempo ni disposición para abordar los temas políticos de fondo, de modo que nos limitemos a pensar en la manera de sobrevivir; 6) debilitar la salud del venezolano para reducir su capacidad defensiva ante cualquier conflicto. Su intención es que no seamos felices en lo cotidiano. Su finalidad, borrar de raíz la idea de que el socialismo significa bienestar.
En estos momentos la ciudadanía sufre con rabia y desesperación los constantes aumentos en los precios de la comida causados por la artillería comercial oligopólica. Resiste, soporta, aguanta, pero no tolera más. Hace tiempo ya que traspasó los límites de su paciencia. Es una bomba de tiempo, y está a punto de estallar. Desde sus cuarteles-almacén los verdugos-mercaderes se burlan. Ven a la gente en las colas y se ríen. Miran las bolsas de mercado, ya casi sin nada, y se alegran. Actúan con saña desmedida y frío cálculo. Siguen acaparando la comida y vendiéndola a precios impagables. No importa si se les queda en los anaqueles y en los depósitos. Ellos comen bien, sin sobresaltos.
Ahora bien, no ha habido pueblo que no haya reaccionado violentamente cuando ha sido amenazado su derecho a alimentarse. Tampoco gobierno que haya salido ileso cuando la mayoría de la población reclama su derecho a comer. En esos casos las lealtades se tambalean, las bases de apoyo se debilitan, la credibilidad naufraga y los enemigos se fortalecen. Esto sucede porque en el imaginario popular, el gobierno es siempre el responsable por lo que padece el pueblo, bien sea por incompetencia, complicidad u omisión. Por consiguiente, ante el hambre y la carestía, el ciudadano común espera que el gobierno ataque con firmeza a los culpables del desabastecimiento y la carestía, que no son otros que los monopolios de la alimentación. Aguarda que el gobierno dé la señal: para respaldarlo si actúa con prontitud y decisión; o para sublevarse si vacila o procede con tibieza.
La alimentación no puede seguir bajo el control de los carteles privados, que son agentes políticos de la derecha nacional y foránea. Es un derecho humano, un bien público, un valor de uso, una necesidad básica; por tanto, todo lo que tiene que ver con ella, debe ser manejado con sentido social y visión estratégica. En consecuencia, la comercialización de alimentos debe pasar a manos del Estado y del Poder Comunal. Avanzar aceleradamente en este sentido es clave en la defensa integral de la Patria y de la soberanía nacional. De esto depende el bienestar del pueblo, el respaldo ciudadano al Gobierno, la Paz social y, por consiguiente, el futuro inmediato de la Revolución Bolivariana.
