Francia vive este jueves una nueva jornada de protesta e interrupción de servicios en el marco de una huelga general interprofesional convocada por los principales sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales contra la carestía de la vida, la crisis de la vivienda y el deterioro del sector público. Se prevén más de 260 marchas en todo el país, con estimaciones de movilización de entre 500.000 y 800.000 manifestantes.
Desde las primeras horas de la mañana se registraron perturbaciones en el transporte público, la cancelación parcial de trenes regionales y del servicio RER en la región de Île-de-France, además de bloqueos informativos e incidentes violentos entre manifestantes y efectivos de las fuerzas del orden en la zona este de París.
Los primeros choques con la policía antidisturbios se reportaron antes de las 08H00 hora local en las proximidades de la Puerta de Vincennes y en los alrededores del instituto Hélène Boucher, un centro emblemático en la movilización estudiantil de la capital francesa.
El Ministerio de Educación informó que cerca de 80 institutos sufrieron bloqueos a escala nacional. Sin embargo, la Union Syndicale Lycéenne (USL) eleva la afectación a cerca de un millar de recintos obstaculizados por estudiantes, clausurados por orden administrativa o cercados por efectivos policiales, exigiendo mejoras de infraestructura y denunciando la falta de oportunidades.
Despliegue de seguridad
Ante la previsión de una participación que podría oscilar entre los 500.000 y 800.000 manifestantes en más de 260 marchas en todo el país, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ordenó el despliegue de 70.000 policías y gendarmes. El dispositivo busca evitar la repetición de los violentos disturbios y saqueos registrados durante la protesta del pasado 17 de octubre, cuando individuos violentos infiltraron las movilizaciones de estudiantes, trabajadores y el movimiento conocido como Chalecos Amarillos.
La tensión se ha incrementado debido a las restricciones impuestas a las movilizaciones. La Prefectura de Policía de París rechazó el itinerario solicitado por los convocantes desde la plaza de la Bastilla hasta la Concordia, y fijó un trayecto alternativo avalado por el tribunal administrativo que discurre entre la plaza de la República y la plaza de la Nación. Dirigentes sindicales tacharon de «liberticidas» estas limitaciones al derecho de manifestación.
Rechazo social al plan de ajuste de 50.000 millones de euros
El malestar ciudadano apunta directamente al plan de ajuste fiscal promovido por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, que contempla recortes de gasto público por más de 50.000 millones de euros (más de 56.000 millones de dólares) en áreas críticas como la sanidad y la educación pública. Los sindicatos rechazaron las medidas previas anunciadas por el Ejecutivo por considerarlas insuficientes ante la subida de los precios de la canasta básica, los combustibles y los alquileres.
Los portavoces sindicales insisten en que el ajuste al poder adquisitivo no puede postergarse y reclaman reformas profundas orientadas al bienestar social y a una mayor carga fiscal sobre las grandes fortunas.
La crisis educativa y económica del país ha hecho que las calles de Francia se encuentren convulsas desde el 18 de septiembre, cuando se registraron las primeras protestas en los suburbios de París. Con el paso de los días, estas se extendieron por toda Francia y traspasaron el ámbito educativo para centrarse en el coste de la vida, lo que atrajo a sindicalistas y activistas y, en ocasiones, se tornó violento. La situación ha dejado, en 48 días de protestas, un total de 4.914 detenidos, de los cuales el 70 por ciento (329 personas) ya enfrenta procesos legales con condenas de prisión, según informó el ministro de Justicia.
