La Asociación Americana de Juristas (AAJ) ha emitido un comunicado oficial condenando en los términos más enérgicos la creciente y alarmante injerencia del gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, en los asuntos internos de las naciones soberanas de América Latina y el Caribe, destacando los casos de Argentina, Brasil y Venezuela.

La AAJ califica estas acciones como una «escalada» que viola flagrantemente principios fundamentales del Derecho Internacional, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la soberanía estatal, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA.

Según el documento, la política exterior estadounidense continúa un patrón histórico de intervenciones en la región, empleando tácticas de «guerra no convencional y asimétrica» que incluyen el *lawfare* (uso estratégico de herramientas legales con fines políticos), campañas mediáticas de desprestigio y la imposición de sanciones económicas unilaterales. El objetivo final de estas medidas, advierte la AAJ, es socavar la estabilidad de los países para consolidar la hegemonía económica de Washington sobre los valiosos recursos de la región, poniendo en grave peligro la paz continental.

Casos concretos de Injerencia documentados

El comunicado detalla ejemplos específicos de esta política intervencionista:

Argentina: La AAJ señala como una admisión de manipulación judicial las declaraciones del embajador designado por Trump, Peter Lamelas, quien ante el Senado de EE.UU. afirmó que parte de su misión sería «asegurarse de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece». Asimismo, Lamelas admitió que su objetivo sería neutralizar la relación de Argentina con China y brindar apoyo total al gobierno del presidente Milei.

Brasil: Se destaca la amenaza directa del expresidente Trump de imponer aranceles del 50% a menos que se pusiera fin al proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Esta amenaza fue seguida por la inclusión del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, en la lista de sanciones de la Ley Magnitsky. La AAJ considera estos hechos un ataque frontal a la independencia judicial brasileña y un intento claro de golpe de Estado contra las instituciones democráticas.

Venezuela: La asociación critica las medidas «aparentemente contradictorias» de la administración Trump. Por un lado, se autorizó a la petrolera Chevron a operar en el país, mientras que por otro se lanzó una ofensiva mediática y administrativa, sin presentar pruebas judiciales, acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar una «organización terrorista» y ofreciendo una recompensa multimillonaria por su captura. La AAJ también rechazó enérgicamente las injusticias cometidas contra migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador y, en un acto separado, validó la transparencia de los procesos electorales en Venezuela.

La AAJ hace un llamado urgente a las organizaciones de juristas, defensores de los derechos humanos y a la comunidad internacional en su conjunto para que repudien y denuncien esta política exterior «imperialista». Reafirma el derecho inalienable de los pueblos latinoamericanos a la autodeterminación sin injerencias externas y exige a todos los gobiernos que insten a los Estados Unidos a cesar de inmediato sus violaciones a los principios de no intervención.

El comunicado concluye denunciando que el gobierno estadounidense utiliza los derechos humanos de manera selectiva como un «vehículo» para justificar la agresión y la dominación, en lugar de promoverlos genuinamente.