La Asamblea Nacional (AN) dio un paso fundamental hacia la modernización del sistema económico nacional al aprobar, en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Socioeconómicos.
Este instrumento jurídico busca adaptar la protección del pueblo a las realidades actuales, sustituyendo la Ley de Precios Justos de 2015.
La presentación del proyecto estuvo a cargo del diputado Ramón Lobo, quien explicó que la ley responde a una iniciativa de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El texto legal se fundamenta en los artículos 114 y 117 de la Constitución de la República, garantizando el acceso a bienes y servicios de calidad y protegiendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
El nuevo esquema legal tiene como objetivos principales:
* Regular la actividad económica para evitar distorsiones como la especulación.
* Salvaguardar los ingresos de la fuerza laboral venezolana.
* Garantizar el abastecimiento de productos esenciales en condiciones adecuadas.
El proyecto, que consta de 92 artículos, contempla innovaciones institucionales de gran relevancia, entre las que destaca la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
Asimismo, se establecen mecanismos de concertación entre el Estado y los sectores productivos para la fijación de precios razonables, aclarando que la ley no obliga a comercializar por debajo de los costos, sino que asegura la sostenibilidad de la producción nacional.
Además, se impulsará la creación de comisiones de consumidores y usuarios para el seguimiento y control de bienes prioritarios.
Tras la aprobación de su carácter orgánico, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, remitió el texto a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
Dicha instancia iniciará el proceso de consulta para elaborar el informe definitivo que será presentado en la segunda discusión, con el fin de sancionar formalmente este marco jurídico que promete mayor equilibrio en el mercado nacional.
