Argentina vive una jornada de alta tensión social con movilizaciones masivas en todo el territorio nacional. Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la economía popular han ganado las calles para rechazar el desmantelamiento del programa «Potenciar Trabajo» y el recorte de fondos destinados a los sectores más vulnerables por parte del gobierno de Javier Milei.
Desde tempranas horas, los manifestantes concentrados en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (Tren Roca) cortaron los accesos principales al Puente Pueyrredón, donde se registraron los primeros incidentes. Efectivos de las fuerzas federales utilizaron gases y maniobras de empuje para intentar aplicar el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) encabeza la lucha contra la eliminación del salario social complementario de 78 mil pesos, una medida que afecta directamente a 900.000 trabajadores. La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, calificó la política del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, como una muestra de «crueldad sin límites».
Las protestas no se limitan a la capital; se replican en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza y en provincias del norte y sur como Salta, Jujuy, Chaco, Río Negro y Tierra del Fuego, evidenciando un rechazo federal al modelo económico actual.
El conflicto escala tras la decisión del Ejecutivo de dividir el antiguo programa «Potenciar Trabajo» en dos nuevos esquemas: «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social».
A partir del 9 de abril, el Gobierno deja de otorgar la suma mensual equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se sustituye el ingreso directo por un sistema de vouchers para capacitaciones en oficios (carpintería, electricidad, plomería), una medida que las organizaciones denuncian como insuficiente ante la crisis de indigencia.
Estimaciones sindicales advierten que el retiro de estos fondos de la circulación local provocará una recesión automática del consumo en las provincias más empobrecidas, destruyendo comercios de cercanía y economías regionales.
La jornada de lucha reafirma la resistencia de los movimientos populares, quienes denuncian que la estrategia gubernamental de «desenganchar» el ingreso social del Salario Mínimo condena a la pobreza extrema a cientos de miles de familias que hoy sostienen comedores comunitarios y cooperativas en todo el país.
