Durante un encuentro con movimientos sociales y productivos del estado Apure, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, se pronunció este martes frente al debate nacional sobre la Ley de Amnistía, dejando clara la postura del Ejecutivo en materia de justicia y reconciliación.
“La Ley de Amnistía no puede ser una patente de corso para la impunidad; quien cometió delitos contra la Patria y promovió la violencia debe asumir su responsabilidad ante la Ley”, afirmó rotundamente Cabello ante los representantes de los sectores productivos y organizaciones sociales presentes.
En su intervención, el también alto funcionario bolivariano enfatizó que cualquier proceso de reconciliación nacional debe transitar necesariamente por el reconocimiento de las víctimas y el irrestricto respeto a la justicia soberana del país. En este sentido, rechazó de manera categórica que se pretenda utilizar instrumentos legales para perdonar delitos que han atentado contra la estabilidad de la República.
“La paz se construye con justicia”, subrayó Cabello, recordando que el Pueblo venezolano ha sido testigo de intentos previos donde la amnistía fue utilizada para reincidir en planes desestabilizadores. Por ello, instó a los sectores de la oposición a deslindarse de la violencia de manera real y concreta.
El Vicepresidente Sectorial destacó que la verdadera amnistía reside en el perdón social que se construye trabajando por el bienestar común. No obstante, advirtió que institucionalmente no se puede permitir el olvido de los daños causados al patrimonio público ni a la integridad de los ciudadanos.
“Aquí no habrá pactos de élites a espaldas del Pueblo; la justicia es la base fundamental de nuestra democracia”, recalcó Cabello, quien aseguró que la Revolución Bolivariana garantiza el debido proceso, pero jamás el canje de soberanía por impunidad.
Finalmente, manifestó que la unidad del Pueblo apureño constituye la mejor respuesta ante quienes intentan imponer agendas externas mediante el perdón jurídico de actos criminales. La actividad, centrada también en el rechazo a las sanciones internacionales, sirvió para ratificar que la seguridad ciudadana y la paz política son prioridades innegociables para el Estado venezolano en el actual contexto de asedio internacional.
