La administración pública venezolana ha dado inicio este lunes a uno de los procesos de reforma institucional más ambiciosos de los últimos años. Con el objetivo de modernizar, depurar y hacer más eficiente el aparato judicial, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, y el Fiscal General de la República, Larry Devoe, encabezaron en Caracas el despliegue de la Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.
Este proyecto no se presenta como una reforma superficial, sino como una reingeniería estructural del sistema, sustentada en la participación popular y el diagnóstico técnico, con el fin último de garantizar el derecho constitucional a una justicia expedita, imparcial y accesible para todos los ciudadanos.
Llamado a la participación popular
Durante la instalación del evento, la presidenta (E) Delcy Rodríguez enfatizó que el país atraviesa una etapa crucial. La mandataria definió este proceso como una «jornada histórica» y una oportunidad vinculante para la construcción colectiva.
«Esta consulta no es un simple sondeo de opinión. Es un mecanismo de construcción colectiva para devolverle la confianza al pueblo en sus instituciones», declaró Rodríguez ante los presentes, subrayando que la legitimidad de cualquier reforma judicial reside en la capacidad de recoger las voces de quienes han tenido contacto directo con el sistema.
Para garantizar que esta voz sea representativa, el Estado ha implementado una metodología de despliegue territorial por circuitos penales. Esto permitirá que la consulta trascienda la capital y llegue a las regiones, atendiendo las problemáticas particulares de cada entidad y permitiendo que jueces, fiscales, defensores públicos y jueces de paz discutan cara a cara con la ciudadanía.
Los nueve pilares de la transformación
El Fiscal General, Larry Devoe, fue el encargado de desglosar la hoja de ruta técnica que regirá este proceso. Según indicó, el debate se centrará en nueve ejes estratégicos que abarcan desde lo procedimental hasta lo tecnológico, buscando un sistema integral. Estos puntos son:
1. Política Criminal del Siglo XXI: Adaptar el derecho penal a las nuevas realidades socioeconómicas y los desafíos de seguridad actuales.
2. Acceso a la Justicia y Participación Ciudadana: Democratizar el conocimiento de las leyes y facilitar los mecanismos de denuncia.
3. Coordinación e Integración: Superar las barreras burocráticas entre los entes que conforman el sistema (Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría).
4. Ética, Autonomía e Independencia: Asegurar que el funcionamiento judicial esté libre de injerencias y apegado a la probidad.
5. Garantías del Debido Proceso y Celeridad: Combatir el retardo procesal, un tema que ha sido históricamente central en las demandas ciudadanas.
6. Eficiencia y Calidad: Optimizar los modelos de gestión dentro de los tribunales.
7. Fortalecimiento del Talento Humano: Programas de formación continua y ética profesional para los funcionarios.
8. Infraestructura y Dotación: Modernizar los espacios físicos y herramientas de trabajo.
9. Transformación Digital: Implementar la justicia digital para reducir tiempos y aumentar la transparencia mediante el uso de nuevas tecnologías.
El método: Autocrítica y participación sectorial
Uno de los aspectos más innovadores de esta consulta es el carácter «autocrítico» que el Fiscal Devoe ha solicitado a los propios actores del sistema.
La metodología incluye mesas de trabajo donde jueces y fiscales deberán evaluar sus modelos de proceder y reconocer las debilidades que han limitado la celeridad procesal en años recientes.
Este proceso contará con la participación activa de sectores clave:
Movimientos Sociales: Organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres, movimientos campesinos, organizaciones indígenas y trabajadores organizados.
Sectores Académicos: Universidades y expertos en derecho que aportarán estudios técnicos para que la reforma sea científicamente viable y jurídicamente sólida.
Consulta Ciudadana Digital: A través de plataformas tecnológicas y redes sociales, el Estado ha abierto canales de comunicación directa, garantizando que el ciudadano común, independientemente de su ubicación geográfica, pueda dejar sus aportes.
