Por: Francisco Ameliach
Opinar sin contextualizar distorsiona la realidad, promueve la desinformación y fragmenta la comunicación al aislar un hecho o declaración de las circunstancias que le dan sentido.
Cuando se emiten juicios rápidos ignorando el entorno, los antecedentes o las intenciones de una situación, se generan múltiples impactos negativos tanto a nivel individual como colectivo.
En este sentido, para comprender la trascendencia del acuerdo petrolero binacional Venezuela – Estados Unidos, es indispensable contextualizar revisando la historia reciente del país. Apenas una década atrás, la nación exhibía indicadores sociales de vanguardia en la región.
Según fuentes documentadas Venezuela alcanzó el salario más alto de Latinoamérica en 2012 (476 $$ de salario mínimo más 34 $$ de beneficio alimentario = 510 $$) y las bases de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), mostraban a Venezuela en el año 2014 como el país con mayor igualdad social en Latinoamérica, medido a través del Coeficiente de Gini.
Sin embargo, este modelo de bienestar social se convirtió en el objetivo de una prolongada agresión asimétrica y una guerra híbrida multidimensional.
¿Que pasó a partir del año 2015?
El punto de inflexión en esta estrategia de desestabilización se originó en el seno del poder legislativo. La Asamblea Nacional electa en 2015 se convirtió en el actor político que entregó parte de la soberanía de Venezuela, promoviendo abiertamente el asedio contra su propio territorio.
Desde dicho parlamento se solicitó a los Estados Unidos una acción militar, se respaldaron intentos de golpes de Estado y se facilitaron incursiones de mercenarios extranjeros.
Este sector de la oposición facilitó el despojo de activos estratégicos de la República en el exterior, incluyendo la confiscación de CITGO y el congelamiento de millonarios fondos estatales.
La tormenta perfecta: el asedio económico y la guerra cognitiva
La crisis actual no comenzó de la noche a la mañana; fue un proceso de asfixia meticulosamente diseñado. El punto de partida formal se remonta a 2015, cuando la declaración de Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» abrió las compuertas para un asedio multidimensional sin precedentes.
