Ante la ola de rechazo que ha recibido la administración Trump por las deportaciones masivas de venezolanos hacia El Salvador e incluso al ser señalada de hacer caso omiso al bloqueo de las mismas por parte de un juez federal estadounidense, la Casa Blanca no haber violado la orden, pues la misma “carecía de fundamento legal”.
La controversia por la expulsión de los migrantes venezolanos inicia poco después que enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos especiales, Richard Grenell, se reuniera el pasado jueves, 13 de marzo, en Caracas, donde fue acordado reanudar el proceso de repatriación.
Sin embargo, los acuerdo suscritos en Miraflores sufrieron un revés luego de que venezolanos fueran enviados por EE.UU. a El Salvador tras invocar la Ley de Enemigos Extranjeros.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el domingo en la red social X que más de 250 “miembros enemigos extranjeros del Tren de Aragua” habían sido enviados a El Salvador para ser retenidos en sus excelentes cárceles a un precio justo. Estados Unidos está pagando US$ 6 millones por su alojamiento.
El momento en que se ejecutaron las distintas órdenes judiciales y las deportaciones está ahora en tela de juicio, pues el sábado 15, el juez federal de distrito James Boasberg había bloqueado, temporalmente, las deportaciones y dictaminó ante el tribunal que cualquier avión que ya estuviera en el aire transportando migrantes debía regresar a Estados Unidos.
Boasberg inicialmente había impedido que la administración deportara a cinco personas que presentaron una impugnación legal. Tras una audiencia posterior, amplió su acción para incluir a todos los extranjeros bajo custodia estadounidenses sujetos a la proclamación de Trump. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron en una presentación este domingo que “algunos pandilleros” fueron deportados entre las dos órdenes de Boasberg del sábado. Afirmaron que los cinco demandantes iniciales no fueron deportados. La administración ya ha apelado las medidas de la jueza.
Disputa legal
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante un pronunciamiento, solo profundizó la intriga ante las deportaciones y el accionar de los funcionarios que ejecutaron las mismas.
En una misiva, la administración alega que no se negó a cumplir una orden judicial al aseverar que el dictamen se emitió después de que extranjeros terroristas (del Tren de Aragua) ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense, declaró Leavitt.
“Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, añadió.
Una distinción que Leavitt hizo sobre la orden “escrita” del juez, y el hecho de que indicara que los migrantes habían salido de territorio estadounidense, pero no especificara en qué momento del cronograma llegaron a El Salvador.
Aún no se sabe con certeza cuándo se dictaron las órdenes de Boasberg ni cómo se relacionan con la operación de deportación. Pero si la administración desafiara al juez, podría crear el mayor atolladero legal de la administración hasta la fecha y alimentaría el temor de que una presidencia autoritaria pudiera desafiar abiertamente el Estado de derecho.
El Salvador, “Auschwitz” del siglo XXI
El caso tiene trascendencia más allá de las instrucciones del juez, pues el derecho internacional, generalmente, prohíbe la deportación de personas a lugares donde podrían enfrentar persecución.
Además, existen preocupaciones sobre por qué Trump está utilizando la infame Ley de Enemigos Extranjeros, dado que existen otros mecanismos para expulsar a pandilleros. La falta de transparencia del gobierno sobre la identidad de las personas deportadas también podría plantear la posibilidad de que migrantes indocumentados que no son pandilleros sean privados de sus derechos legales, incluidos en la purga y condenados a un destino sombrío bajo custodia de El Salvador, refiere una nota de la cadena CNN en español.
