El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante, destacó que la propuesta de reforma a la Ley Constitucional contra el Odio presenta tres características principales: «coherencia, coraje y carácter democrático».
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Así lo expresó Infante durante su intervención en la primera discusión sobre la reforma de la referida norma. «Esto marca, con claridad, tres características. Primero: coherencia entre lo que dice y lo que hace la presidenta al frente del Gobierno bolivariano, al frente del Estado venezolano. En segundo lugar: el coraje que ha tenido para asumir las fallas y errores, y tomar las acciones para corregir lo que haya que corregir. Y en tercer lugar: un profundo carácter democrático de este proceso político que hoy dirige la presidenta Delcy Rodríguez», afirmó el diputado.
En su discurso, Infante relató el periplo legal de la ley que este martes inició su proceso de reforma: «El 29 de septiembre se creó la comisión especial que elaboró y presentó el proyecto de reforma. Se remitió el 13 de octubre a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) Cumplido este proceso, la Sala Constitucional se pronunció mediante sentencia del 15 de octubre de 2026, asumiendo, primero, que es competente sobre la materia y, en segundo lugar, declarando la conformidad constitucional de esta iniciativa», dijo.
«Lo que no debió existir»
Para Infante, «hay quienes plantean que esa ley no debió existir, y yo podría estar de acuerdo con la afirmación. Pero no debió existir porque nunca debieron existir los hechos de violencia, el desborde, el dolor, la muerte ni la criminalización en torno a la política que hubo en aquel momento. Esta ley es hija de ese contexto».
Por otra parte, mencionó que la ley contra el odio «declaraba la buena intención de la paz en aquel momento, pero su implementación, como señaló la presidenta Delcy Rodríguez, en algunos casos fue incorrecta, indebida o abusiva, y lo asume con coraje, de manera autocrítica y responsable».
En opinión del parlamentario, algunos consideran la ley contra el odio «como un instrumento de presión, de persecución política y censura. Además, han señalado que esta ley carece de definiciones claras y tiene una excesiva discrecionalidad en su aplicación. La verdad, compañeros, es que nuestro país durante mucho tiempo fue escenario de una espiral de violencia política que cobró la vida de centenares de personas, dejó miles de heridos y sumió a comunidades enteras en el miedo y la zozobra; así lo confirman distintos informes».
