La relación bilateral entre Ecuador y Colombia ha alcanzado un punto crítico tras el anuncio del Gobierno ecuatoriano de elevar del 50% al 100% los aranceles a todas las importaciones provenientes del país vecino. Esta medida profundiza una crisis diplomática marcada por acusaciones cruzadas entre los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro.
El eje del conflicto
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Producción de Ecuador justificó la medida alegando una «falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia«.
Según las autoridades ecuatorianas, el Estado debe realizar una inversión extraordinaria de 400 millones de dólares para vigilar los 600 kilómetros de frontera común, zona asediada por el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de personas.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los señalamientos a través de sus redes sociales, afirmando que Ecuador “falsea la realidad por órdenes ajenas a su soberanía”. Petro defendió la gestión de su país destacando el decomiso de 5.9 toneladas de cocaína en puertos internacionales y ecuatorianos (Manta y Salinas) entre el 10 y el 23 de marzo.
La respuesta de Bogotá no se ha hecho esperar. Colombia ha aplicado un arancel del 50% a los productos ecuatorianos y ha suspendido la venta de energía eléctrica a su vecino. Esta última decisión agrava la situación interna de Ecuador, que ya en 2024 enfrentó racionamientos eléctricos de hasta 14 horas diarias.
Ruptura del diálogo
El detonante político de esta semana fueron las declaraciones de Petro calificando al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un «preso político». Ante este escenario, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, confirmó que las conversaciones diplomáticas han sido suspendidas formalmente «hasta encontrar el ambiente propicio» para el entendimiento.
El conflicto actual no solo amenaza la estabilidad económica de los sectores importadores y exportadores de ambas naciones, sino que pone en jaque la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
