Madres y familiares de los más de 250 jóvenes migrantes secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, iniciaron una vigilia frente a frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, para exigir ante el organismo la liberación de sus hijos.
Exigiendo justicia y la intervención urgente del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, las madres, se apostaron frente a la sede del ente para hacer entrega de un nuevo documento denunciando que sus familiares han sido victimas de desapariciones forzadas, detenciones ilegales y la total negación del derecho a la defensa.
Solicitaron, además, una respuesta firme ante lo que consideran una grave violación de derechos humanos, con responsabilidad compartida entre las autoridades estadounidenses y salvadoreñas pues al cumplirse casi tres meses de este secuestro, hasta ahora, ninguna de las dos naciones ha publicado información oficial sobre los detenidos, y su situación legal sigue siendo incierta.
Por su parte Camilla Fabri, viceministra para la Comunicación Internacional y activista por los derechos humanos, quien acompañó esta vigilia, indicó que los venezolanos detenidos en El Salvador «no han cometido ningún crimen».
«Nosotros estamos aquí para pedirle al (alto) comisionado (…) que nos dé una respuesta, que se pronuncie para dar respuestas a todas estas madres. Exigimos que todos los 252 (venezolanos detenidos) vuelvan sanos y salvos», añadió Fabri, quien aseguró que los parientes no han recibido respuestas a solicitudes previas ante la ONU.
Desde mayo, la propia Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que los migrantes venezolanos podrían estar en condición de desaparición forzada, dada la “completa incertidumbre” sobre su paradero. A pesar de ello, no ha habido avances concretos.
El Gobierno de Venezuela ha manifestado su disposición para repatriar a los jóvenes detenidos, rechazando categóricamente las acusaciones que los vinculan con estructuras criminales como el Tren de Aragua. Se trata de una criminalización sin pruebas, que ignora las condiciones de vulnerabilidad y desesperación que empujaron a estos jóvenes a emigrar.
Juez estadounidense le da a Trump una semana
El juez estadounidense James Boasberg dictaminó este miércoles que cientos de venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII deben tener la oportunidad de impugnar sus detenciones, y el Gobierno de Trump debe facilitar los desafíos legales.
En su fallo, Boasberg escribió que los individuos fueron deportados sin notificación adecuada ni derecho a impugnar sus expulsiones.
“Ese proceso, que se les negó indebidamente, ahora debe serles otorgado”, escribió Boasberg a lo que agregó: “Sin este alivio, el Gobierno podría secuestrar a cualquiera, entregarlo a un país extranjero y, en la práctica, impedir cualquier medida correctiva”.
El juez le dio a la Administración Trump una semana para detallar cómo facilitaría la presentación de impugnaciones legales por parte de los deportados.
