En el marco del acto de notificación al Poder Ciudadano por la instalación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el fiscal general de la República y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, realizó una extensa y enérgica declaración para caracterizar los eventos del pasado 3 de enero, los cuales calificó como los hechos criminales más graves ocurridos en el país «desde el ataque del imperio español hace más de 200 años».
El titular del Ministerio Público definió los sucesos como «un ataque militar de una potencia extranjera contra un Estado soberano» y «terrorismo de Estado». Afirmó que el mundo, tras presenciar el «brutal prólogo del genocidio» en Gaza, es ahora testigo de una agresión contra una Venezuela «soberana y pacífica».
Saab fundamentó jurídicamente su postura, señalando que la «extracción forzosa» del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama, Cilia Flores, de territorio venezolano constituye «un secuestro internacional y una privación ilegítima de libertad». Reiteró que el presidente Maduro, reelegido en 2024 y en ejercicio de un mandato constitucional 2025-2031, goza de «inmunidad personal absoluta» como Jefe de Estado en funciones, un principio ratificado por el derecho internacional consuetudinario y la Corte Internacional de Justicia.
El Dr. Saab realizó varios llamados y exigencias concretas:
1. Libertad Inmediata: Exigió «de manera inmediata la libertad sin condiciones» del presidente Maduro y la primera dama Cilia Flores, calificando su captura como «totalmente nula» y violatoria del derecho internacional, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Pronunciamiento Internacional: Demandó a los organismos internacionales que no solo condenen la acción, sino que «actúen en consecuencia» para lograr la liberación, ante un «derecho internacional hoy herido de muerte».
3. Al Poder Judicial Estadounidense: Hizo un llamado directo al juez Alvin K. Hellerstein para que «respete la legalidad internacional» y reconozca la falta de jurisdicción de su tribunal para enjuiciar a un Jefe de Estado soberano, demandando el cese de «todas las violaciones a los derechos humanos».
4. Unidad Nacional: Convocó a la «unidad cívico-militar, popular, policial e institucional de todos los poderes públicos» en esta «hora de la patria», destacando la «madurez» y el compromiso con la paz demostrado por el pueblo venezolano.
El Fiscal General saludó la designación de la Doctora Delcy Rodríguez como Presidenta Encargada y le ofreció el total apoyo del Poder Ciudadano, en el marco de la coordinación constitucional entre poderes.
Además, cuestionó la legalidad interna de la acción estadounidense, argumentando que la «Resolución sobre Poderes de Guerra» exige la autorización del Congreso para acciones militares, la cual –aseguró– no se produjo. Remarcó que la Constitución de los Estados Unidos «no tiene jurisdicción sobre el territorio venezolano».
