En el marco de la profundización de la democracia participativa y protagónica, y como parte del esfuerzo sostenido por fortalecer la gestión pública en el territorio, el Gobierno Nacional anuncia un incremento significativo de al menos el 37% en los recursos asignados en divisas para el ejercicio fiscal 2026 dirigidos a las entidades regionales y locales.
Este aumento presupuestario, sustancial y estratégico, tiene como objetivo fundamental dotar a las Gobernaciones y Alcaldías de una mayor capacidad financiera para atender de manera eficiente y directa las demandas y necesidades del pueblo. Con ello, se potencia una coordinación más estrecha y eficaz entre el Gabinete Nacional y los mandatarios locales en beneficio de las comunidades.
Distribución con enfoque comunal y popular
La asignación de estos recursos reforzados se realizará bajo los principios de justicia territorial y protagonismo del Poder Popular, con una distribución clara y orientada al fortalecimiento de la base social:
· 53% para el Poder Popular: Más de la mitad de los recursos se transferirán directamente a las comunidades organizadas. Este esquema asegura que la mayoría de la inversión nacional sea ejecutada por el pueblo mismo, a través de sus consejos comunales, comunas y organizaciones de base, en proyectos priorizados desde lo local.
· 29% para las Gobernaciones.
· 15% para las Alcaldías.
· 3% para el Fortalecimiento Institucional de las estructuras de gobierno territorial.
Objetivos Estratégicos
El incremento busca optimizar de manera decisiva la gestión en servicios públicos y atención social en todo el país. Permitirá que los líderes regionales y locales, en conjunto con el poder popular organizado, cuenten con las herramientas financieras necesarias para enfrentar los desafíos, incluyendo aquellos derivados del bloqueo económico internacional, y acelerar el desarrollo de obras y programas de impacto colectivo.
Con esta medida, el Ejecutivo Nacional reafirma su confianza en la capacidad de gobierno de las bases populares y de las autoridades territoriales para la resolución de los problemas locales, consolidando un modelo de gestión pública descentralizada, eficiente y profundamente democrática.
