En un giro estratégico hacia la consolidación del modelo de justicia social, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que los ingresos provenientes de la actividad petrolera serán reservados con carácter prioritario para el sistema de protección social y la optimización de los servicios públicos en todo el país.
Esta política financiera busca proteger los derechos de la ciudadanía frente a la volatilidad de los mercados internacionales, asegurando que los excedentes de los hidrocarburos se traduzcan en mejoras tangibles para la calidad de vida de los venezolanos.
Para garantizar la transparencia y eficiencia en la ejecución de estos recursos, la mandataria encargada detalló que el nuevo modelo financiero se apoyará en la creación de dos fondos soberanos estratégicos:
Fondo de Protección del Poder Popular: Destinado a fortalecer las misiones sociales y los programas de atención directa a las comunidades.
Fondo de Infraestructura Nacional: Enfocado exclusivamente en la recuperación y mejora integral de los servicios públicos esenciales.
Rodríguez fue enfática en la necesidad de superar la dependencia histórica del crudo: «Tenemos que romper con el modelo de la economía rentista», subrayó.
El objetivo del Ejecutivo es que la renta petrolera funcione como un apalancamiento mientras se fortalecen los motores productivos internos.
«La estabilidad del país depende ahora de una producción nacional fuerte y una distribución eficiente de los excedentes hacia las necesidades más urgentes de la población», puntualizó la Presidenta Encargada.
Con esta medida, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la diversificación económica y la construcción de un sistema financiero soberano que priorice la paz y la integración social sobre la especulación financiera.
