En el marco del proceso de pacificación nacional impulsado por el Ejecutivo, la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, precisó los parámetros legales y técnicos que rigen el ciclo de beneficios procesales, subrayando que la justicia venezolana actúa bajo criterios de estricta rigurosidad para salvaguardar la paz ciudadana.
La Presidenta Encargada enfatizó que, si bien el objetivo trazado por el presidente Nicolás Maduro es abrir espacios de tolerancia y entendimiento, el Estado mantiene una línea roja infranqueable frente a delitos de extrema gravedad.
En este sentido, se aclaró que las medidas de libertad otorgadas no son discrecionales, sino que responden a una revisión jurídica profunda orientada al orden constitucional.
Para garantizar que el «Nuevo Momento Político» no sea utilizado como una vía hacia la impunidad, el Gobierno Bolivariano ratificó que no se otorgarán beneficios a personas incursas en:
Homicidio y delitos graves contra la integridad de las personas.
Narcotráfico.
Acciones de violencia extrema, crímenes de odio e intolerancia.
A la fecha, el despliegue judicial ha concretado 406 liberaciones. La Presidenta Encargada explicó que la prioridad de esta revisión jurídica se centra en casos vinculados a la diversidad ideológica y el ejercicio de la política, siempre que se hayan realizado dentro del marco del respeto a los derechos humanos y la Constitución.
«Buscamos el entendimiento político, pero bajo un cumplimiento riguroso de la ley. La divergencia ideológica es respetada, pero los crímenes de extrema gravedad no serán objeto de estos beneficios», puntualizó Rodríguez.
Con esta delimitación, el Estado venezolano reafirma su compromiso con una convivencia nacional basada en la justicia, asegurando que el camino hacia la paz social no comprometa la seguridad de la nación ni la integridad de sus ciudadanos.
