En un movimiento estratégico para dinamizar el flujo económico en el país caribeño, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes 14 de abril de 2026 la emisión de dos nuevas licencias. Estas medidas permiten la negociación de contratos futuros y restablecen canales operativos con el Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública nacional.
La Licencia General 56 introduce la figura de los «contratos contingentes».
Esta autorización faculta a empresas y actores económicos a negociar y suscribir acuerdos comerciales e inversiones en suelo venezolano. Aunque la ejecución final de dichos contratos sigue sujeta a autorizaciones posteriores, la medida permite a los inversionistas preparar el terreno y asegurar proyectos estratégicos.
No obstante, la OFAC mantiene controles estrictos:
No se permiten pagos en oro ni criptomonedas.
Se mantienen vetadas las transacciones vinculadas a Rusia, Irán o Cuba.
Toda operación permanece bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses.
Considerada como uno de los cambios más significativos en la política de sanciones, la Licencia General 57 autoriza una amplia gama de actividades financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV) y entidades clave como el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro.
Las facultades otorgadas bajo esta licencia incluyen:
Transferencias en dólares estadounidenses.
Apertura y gestión de cuentas bancarias.
Otorgamiento de préstamos y financiamiento.
Procesamiento de pagos críticos como nóminas y pensiones.
Beneficios operativos para empleados públicos no sancionados individualmente.
Bajo la firma de Bradley T. Smith, estas medidas de vigencia inmediata buscan facilitar el flujo de divisas y servicios financieros indispensables para el comercio internacional y la vida cotidiana del venezolano.
Expertos señalan que el flujo de capitales podría mejorar significativamente, aunque advierten que la confianza del inversionista dependerá de la estabilidad política y la seguridad jurídica.
Por su parte, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre el anuncio calificando estas licencias como «pasos temporales». La mandataria enfatizó la necesidad del cese total de las medidas coercitivas para garantizar una seguridad jurídica plena que permita la recuperación económica estructural del país.
