Oficiales militares de alto rango mostraron a puerta cerrada este jueves a legisladores del Capitolio un video que documenta un segundo ataque contra una presunta embarcación narcotraficante venezolana, ocurrido el pasado 2 de septiembre. La sesión informativa, que ha generado una profunda inquietud bipartidista, fue conducida por el general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor Conjunto, y el almirante Frank «Mitch» Bradley, Jefe del Comando de Operaciones Especiales.
El video, que no ha sido hecho público, mostró el momento en que, tras un primer impacto con misiles, dos individuos supervivientes fueron atacados nuevamente mientras intentaban volver a subir a la embarcación, la cual ya estaba destruida. Este segundo ataque resultó en la muerte de ambas personas.
El representante Jim Himes (Demócrata por Connecticut), miembro de alto rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, declaró tras la sesión: «Lo que vi en esa sala es una de las cosas más preocupantes que he visto en mi carrera pública». En declaraciones a la prensa, Himes describió la escena: «Se trata de dos individuos en clara situación de peligro, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que son asesinados por Estados Unidos». Agregó: «Cualquier estadounidense que vea el video que yo vi verá al ejército estadounidense atacando a náufragos —malos, malos—, pero atacando a náufragos».
Según Himes, el Almirante Bradley proporcionó contexto durante la sesión, señalando que los individuos transportaban drogas y que su misión estaba neutralizada, pero también reconoció que, sin ese contexto más amplio, el video muestra un ataque contra náufragos. El legislador también aclaró que Bradley negó categóricamente la existencia de una orden de «matar a todos» o de «no dar cuartel», contradiciendo así informes anónimos previos publicados por el Washington Post que sugerían que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado una orden verbal en ese sentido.
La sesión informativa se centró en la campaña más amplia de la administración Trump contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en aguas de Sudamérica. Este ataque en particular, sin embargo, se ha convertido en un punto de tensión y escrutinio legal en el Capitolio. La campaña, ejecutada sin autorización expresa del Congreso y justificada por la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, ha destruido más de 20 barcos y ha causado más de 80 muertes.
El incidente ha despertado preocupaciones bipartidistas sobre su legalidad, con algunos legisladores demócratas y expertos en derecho internacional cuestionando si el segundo ataque, dirigido aparentemente contra supervivientes indefensos, podría constituir una violación del derecho de la guerra. Miembros de ambos partidos han comprometido la apertura de investigaciones sobre los hechos.
Mientras el Pentágono mantiene que la operación fue legal y justificada, el presidente Trump declaró el miércoles que apoyaría la publicación del video. La presión sobre el Departamento de Defensa ha aumentado significativamente desde la revelación de los detalles del segundo ataque, planteando serias cuestiones éticas, legales y de supervisión congresional sobre la conducción de esta campaña militar.
