El Senado paraguayo escucha este 6 de noviembre la defensa del presidente Santiago Peña en el juicio político por el caso Ueno Bank, mientras su renuncia presentada el 5 de noviembre permanece sin resolver por falta de cuórum. La decisión final no solo definirá su permanencia en el cargo, sino también su acceso a la senaduría vitalicia y a los fueros constitucionales.
- El origen del conflicto: El juicio político contra Peña se desarrolla en medio de la crisis provocada por la intervención de Ueno Bank, una medida que afectó a unos tres millones de clientes. La Cámara de Diputados aprobó la acusación por unanimidad de los 78 legisladores presentes, y el Senado abrió formalmente el procedimiento la noche anterior. Las acusaciones incluyen presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con el banco y el manejo de fondos previsionales.
- La defensa y el calendario: Peña anunció que expondrá argumentos y pruebas para defenderse. Sin embargo, horas antes de la sesión solicitó una prórroga de 72 horas, al considerar «insuficiente» disponer de menos de 12 horas para elegir un abogado de confianza, revisar la documentación y ejercer su defensa con las garantías del debido proceso. Su renuncia, presentada el 5 de noviembre, no fue debatida después de que la sesión conjunta del Congreso convocada para decidir si la aceptaba quedara sin cuórum.
- Lo que está en juego: fueros y senaduría vitalicia. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que hayan sido declarados culpables en un juicio político. Por tanto, si Peña es destituido por esta vía, no podrá acceder a esa condición ni a los fueros correspondientes. Si, en cambio, el Congreso acepta su renuncia y deja el cargo sin haber sido declarado culpable, accedería a la senaduría vitalicia. En ese escenario, para someterlo a un proceso penal, un juez tendría que comunicar la causa al Senado, que decidiría sobre su desafuero por una mayoría de dos tercios, conforme al artículo 191 de la Constitución.
¿Por qué importa?
La crisis de Ueno Bank no es solo un caso de irregularidades financieras: es una prueba de estrés para las instituciones paraguayas y para el equilibrio de poderes. La decisión del Senado determinará si el juicio político se convierte en un mecanismo real de rendición de cuentas o en un procedimiento condicionado por la coyuntura política. Para los tres millones de clientes afectados por la intervención del banco, la resolución del caso también define quién responde por sus pérdidas y bajo qué reglas.
¿Qué viene después?
El Senado deberá escuchar la defensa, completar el procedimiento y decidir si destituye a Peña. La pregunta de fondo no es solo si el presidente permanece en el cargo, sino qué precedente deja el caso para la relación entre el poder político, el sistema financiero y la justicia en Paraguay. Cuatro F seguirá el desarrollo de la sesión y sus consecuencias institucionales.
