Una reciente entrevista concedida por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, a la revista Vanity Fair, ha desatado un escándalo internacional al admitir que la administración de Donald Trump utiliza bombardeos en el Caribe no para combatir el narcotráfico, sino como una estrategia de coacción para forzar la salida del presidente de la República, Nicolás Maduro.
La confesión de Wiles desmantela la narrativa oficial de Washington. Según la funcionaria, la instrucción de Trump es clara: «destruir barcos hasta que Maduro se dé por vencido».
Estas declaraciones confirman que el argumento de la interdicción de drogas es simplemente un pretexto para ejecutar una agenda de cambio de gobierno, ignorando los protocolos internacionales y la soberanía regional.
El costo humano de esta estrategia ha sido devastador. Se estima que al menos 87 personas han perdido la vida en ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.
Informes de medios como la BBC y The Washington Post sugieren que muchas de las víctimas podrían ser pescadores y civiles, lo que sitúa a la administración Trump ante posibles acusaciones de crímenes de guerra.
Ante la gravedad de estas muertes, la respuesta desde la vicepresidencia ha sido de un cinismo absoluto. JD Vance, al ser cuestionado sobre la legalidad y naturaleza de estas operaciones, sentenció, “me importa una mierda cómo lo llames”, reflejando un desprecio total por la vida humana y el derecho internacional.
La administración Trump no solo ignora la ley internacional, sino también su propio ordenamiento interno. Wiles admitió que estas operaciones militares no cuentan con la autorización del Congreso, un requisito indispensable según la Constitución de los Estados Unidos.
«Aún no la necesitamos (la autorización)», afirmó Wiles, confirmando que el Presidente actúa al margen de la ley, bajo una estructura de mando cerrada que incluye a figuras de la línea dura como Marco Rubio y Stephen Miller.
