En un giro procesal que ha dejado atónitos a expertos legales y observadores internacionales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha modificado sustancialmente la acusación formal contra el Presidente Nicolás Maduro.
Tras ejecutar su secuestro en Caracas el pasado 3 de enero, la fiscalía estadounidense eliminó de los documentos judiciales la afirmación de que el «Cártel de los Soles» existe como una organización criminal o terrorista real.
La nueva redacción del expediente, presentada ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desmonta la narrativa que Washington sostuvo durante años para justificar sanciones y operaciones de presión.
Mientras que la acusación original de 2020 mencionaba al «Cártel de los Soles» en 32 ocasiones como una estructura jerárquica transnacional, el nuevo documento reduce las menciones a solo dos.
La fiscalía admite ahora que no se trata de una entidad tangible, sino de un término del argot para describir un «sistema clientelar» o una «cultura de corrupción».
Este retroceso confirma lo que organismos como la DEA y la UNODC (ONU) han reflejado en sus informes por décadas: el «Cártel de los Soles» nunca figuró en sus listas de amenazas reales de narcotráfico global.
«Sabían que no podían demostrar la existencia de un cártel en un tribunal», señaló Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, sugiriendo que la acusación fue una construcción política para facilitar un cambio de régimen.
A pesar del ajuste legal del Departamento de Justicia, el ala política de la administración Trump mantiene la retórica. El Secretario de Estado, Marco Rubio, insistió recientemente en medios de comunicación en la existencia del cártel, ignorando los cambios técnicos de su propia fiscalía para justificar futuras acciones militares.
Asimismo, la nueva acusación intenta introducir al «Tren de Aragua» como un supuesto aliado de Maduro. No obstante, centros de investigación como InSight Crime han subrayado la falta de pruebas sobre una alianza estructural, calificando esta inclusión como una herramienta retórica para alinear el juicio con los intereses electorales de Donald Trump.
Este cambio de postura del Departamento de Justicia representa una fisura crítica en el caso que lideran los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly. Al admitir que la organización central de la acusación no existe, la fiscalía debilita los cargos de «narcoterrorismo», dándole peso a la declaración de inocencia del mandatario venezolano, quien se define a sí mismo como un «prisionero de guerra» víctima de un falso expediente.
