Un total de siete instituciones bancarias —tres públicas y cuatro privadas— se incorporarán a la red de atención para tramitar los créditos sociales anunciados por el Ejecutivo Nacional, destinados a las personas que perdieron su vivienda principal durante los terremotos registrados el pasado 24 de junio. Así lo informó el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, en declaraciones ofrecidas a Unión Radio.
El representante gremial explicó que los solicitantes deberán presentar un expediente integral que incluye el censo emitido por el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el certificado de inmueble colapsado y los documentos que acrediten la titularidad de la propiedad afectada. Este acervo documental será la base para iniciar el proceso de evaluación ante la entidad bancaria seleccionada.
Pacheco detalló que, una vez reunida esta documentación, los interesados deberán descargar la planilla de solicitud de la institución financiera de su elección, adjuntar los últimos tres estados de cuenta y presentar su constancia de trabajo o certificación de ingresos, a los fines de la evaluación financiera correspondiente. «Con este expediente, las personas tienen que completar el proceso en el banco que elijan», precisó.
En cuanto a las condiciones del financiamiento, el presidente de Asobanca enfatizó que la cuota mensual a pagar «no debería quedar por un porcentaje superior al 25% de sus ingresos», asegurando así que el compromiso de pago sea proporcional y no afecte la capacidad económica de los beneficiarios.
Asimismo, confirmó que, tras la realización del avalúo de la propiedad, los vendedores recibirán la liquidación en moneda extranjera. «No son bolívares indexados», subrayó Pacheco, aclarando que el mecanismo de pago busca otorgar certeza y valor real a las transacciones. Finalmente, el vocero gremial estimó que las primeras aprobaciones podrían concretarse en los próximos días, gracias a la disponibilidad de los recursos estatales destinados a esta política de atención social. «El banco está actuando como administrador. Se va a constituir un fideicomiso, porque estos fondos quien los provee es el Estado», concluyó.
