A partir de este lunes 3 de noviembre, el Gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación legal de cesar sus operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental, según lo estipulado por la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution) de 1973.
La normativa, conocida como “el reloj de 60 días”, establece que las hostilidades deben finalizar transcurridos 60 días desde su inicio si el Congreso no las ha autorizado de manera explícita. El punto de partida para esta cuenta regresiva se activó el 4 de septiembre, cuando el presidente Donald Trump notificó al Congreso sobre el primer ataque de la operación, lo que sitúa la fecha de vencimiento en el lunes 3 de noviembre.
La aplicación de la ley, sin embargo, se encuentra en disputa. Mientras que expertos legales y exabogados del Departamento de Estado especializados en la Resolución argumentan que la operación debe terminar, el Departamento de Justicia ha emitido una opinión contraria.
Según Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, la operación no alcanza el nivel de “hostilidades” contemplado por la resolución, por lo que, desde su perspectiva, los ataques podrían continuar.
Esta postura ha generado una fuerte controversia constitucional. Expertos en derecho internacional y la separación de poderes sostienen que la naturaleza sin precedentes del poder que está ejerciendo el Ejecutivo obliga al Congreso a exigir el cumplimiento de la ley. La Resolución de Poderes de Guerra fue creada precisamente para limitar la capacidad del presidente para emprender acciones bélicas prolongadas sin el consentimiento del poder legislativo.
La campaña militar ordenada por el presidente Trump en estas regiones ha resultado, hasta la fecha, en la muerte de 65 personas. Un dato que ha elevado la tensión internacional es que al menos 10 de estas víctimas fueron eliminadas de manera extrajudicial en aguas internacionales de Venezuela, un hecho que ha añadido una capa de complejidad geopolítica al conflicto.
La situación pone sobre la mesa un profundo debate sobre los límites del poder presidencial y el rol del Congreso en la autorización de operaciones militares. Se espera que miembros del Congreso utilicen este hito legal para demandar la aplicación de la Resolución y recuperar su autoridad en materia de guerra.
La incertidumbre sobre esta operación se da en un contexto en el que el propio presidente Trump ha expresado sus dudas sobre una posible guerra con Venezuela, declarando en una reciente intervención: «Lo dudo. No lo creo».
