El Gobierno Nacional, en alianza con representantes de organismos internacionales, ha formalizado una ruta técnica y financiera estratégica destinada a garantizar el tratamiento gratuito y la atención integral de enfermedades crónicas e infectocontagiosas en todo el territorio nacional.
El plan asegura la cobertura y el suministro de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Malaria hasta el año 2027.
Durante la mesa de trabajo, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Humberto Alvarado, y la gerente del Fondo Mundial, Cecilia Vitale, detallaron los alcances de esta cooperación. Se informó que el Fondo Mundial ha destinado una inversión de 71 millones de dólares para el periodo que culmina en 2026, lo que permite blindar el sistema sanitario frente a los desafíos económicos actuales.
Los resultados de esta alianza muestran un crecimiento exponencial en la cobertura médica.
Tratamiento antirretroviral (VIH)
Se logró un incremento histórico, pasando de 21.000 pacientes atendidos en 2018 a 66.000 pacientes en la actualidad. La directora de ONUSIDA, Adriana Ponte, confirmó que la mayoría de las personas que viven con VIH en el país ya cuentan con acceso seguro a sus medicamentos.
Avances en Malaria y Tuberculosis
El plan no solo contempla el suministro de fármacos, sino también la optimización de diagnósticos de alta tecnología y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. En el caso de la malaria, las autoridades reportaron un descenso importante en los indicadores de contagio gracias a las labores de control y prevención en zonas vulnerables.
El Gobierno Nacional enfatizó que estos acuerdos son una respuesta vital ante las limitaciones impuestas por las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo de recursos en el exterior.
Esta ruta permite: Capacitación continua del personal médico y técnico, mecanismos de verificación anual para asegurar que los recursos impacten directamente en el bienestar del paciente y la soberanía sanitaria mediante el control total de patologías infectocontagiosas.
Con este despliegue, el Estado venezolano reafirma su compromiso de proteger el derecho a la salud y reducir de forma sostenida los índices de mortalidad por enfermedades crónicas en el país.
